Madrid. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la reforma energética con nuevos impuestos al sector que servirán para cubrir la deuda del Estado con las propias empresas. Habrá un tipo del 6% que gravará cada kilovatio de energía que se venda, incluida la renovable, y se impondrá un céntimo verde al gas natural, al carbón y al fuel oil, así como tasas a las nucleares y las hidráulicas. La reforma, que permitirá al Gobierno español recaudar 2.700 millones extra entre el año que viene y 2015, ha caído como un jarro de agua fría entre las compañías, que difícilmente podrán evitar trasladar una parte del sobrecoste a los consumidores, según fuentes del sector.

La reforma energética era una de las medidas estrella de Mariano Rajoy, pero ha ido quedando pendiente semana a semana por discrepancias dentro del Ejecutivo, básicamente entre los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. El primero explicó ayer que la reforma busca "ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como financiera". El agujero del Estado con las compañías del sector alcanzaba a finales del año pasado los 24.000 millones, generado por la congelación de la tarifa por parte de los sucesivos gobiernos al margen de los costes de la energía. El PP pretende que a partir del año que viene el déficit sea cero gracias a la recaudación que obtendrá mediante esta reforma.

El problema que surge ahora es cómo hará el sector para abonar esos impuestos, una incógnita que toma tintes trágicos si se tiene en cuenta la complicada coyuntura que atraviesan las economías domésticas y las pequeñas empresas. Cualquier subida de la factura de la luz o del gas natural en estos momentos resulta fatal. Aunque el Gobierno de Rajoy confió ayer en que las empresas no carguen los nuevos impuestos sobre los clientes, el calado de la reforma hace difícil que las compañías eléctricas puedan asumir el sobrecoste que generarán las nuevas tasas, confirmaban ayer a este periódico fuentes del sector.

Hace unos días Sedigas, la asociación que agrupa a la industria gasista española, avanzaba que imponer un céntimo verde supondría un encarecimiento del 10% en el precio del gas y criticaba que una medida de este tipo -al final el Gobierno ha optado por gravar con 2,79 céntimos cada metro cúbico producido- es "discriminatoria" y restará competitividad al sector, algo en lo que coincidió ayer la firma Gas Natural Fenosa. Todo esto hace pensar en una nueva subida del gas, que se sumaría a las ya producidas en enero, del 0,5%; abril, del 5%, y julio, del 2%.

Previsiblemente también volverá a subir la factura de la luz, que se ha encarecido un 70% desde 2008, según Facua, ya que el nuevo gravamen del 6% a toda la producción eléctrica deja sin margen de maniobra a las empresas. El Gobierno tiene previsto congelar la mitad de la tarifa que controla de cara a la subasta energética del próximo día 25.