BRUSELAS. Entre octubre de 2008 y octubre de 2011 los gobiernos europeos movilizaron nada menos que 4,5 trillones de euros en ayudas públicas y garantías para salvar al sector bancario. Lo hicieron a costa de aumentar el agujero de sus finanzas públicas y agravando una crisis que ya se ha cobrado cuatro víctimas, España incluida. Para evitar que en el futuro se repitan situaciones como esta la Comisión Europea puso ayer sobre la mesa una nueva propuesta en la que aboga por conceder al Banco Central Europeo (BCE) plenos poderes para controlar y supervisar todos los bancos de la Eurozona.

"Queremos romper el círculo vicioso entre bancos y deuda soberana. En el futuro, las pérdidas de los bancos ya no se convertirán en la deuda del pueblo, poniendo en duda la estabilidad financiera de países enteros", recordó ayer José Manuel Durao Barroso. Para ello propone que la entidad que dirige Mario Draghi tenga capacidad de mirar con lupa a todas las entidades europeas, no solo a los grandes bancos transfronterizos. "El supervisor debe ser capaz de mirar en cualquier lugar porque los riesgos sistémicos pueden estar en cualquier parte no solo en los denominados bancos sistémicos", advirtió ayer. Un mensaje lanzado al corazón de Alemania cuyo gobierno quiere evitar a toda costa que el BCE pueda analizar también el estado de sus cajas regionales, controladas parcialmente por los länder. "No se trata de vigilar a todos los bancos y en ningún caso el BCE lo podrá hacer", descartó ayer la canciller Merkel augurando un animado debate el próximo viernes en el Ecofin informal de Chipre.

Bruselas propone una entrada en vigor por fases. Desde el 1 de enero de 2013 el BCE comenzará a supervisar las entidades que han recibido ayudas públicas o que van a recibirlas. El 1 de julio se extenderá a todas las entidades grandes de la Eurozona y como muy tarde el 1 de enero de 2014 al conjunto del sector, unas 6.000 entidades. El BCE se apoyará en los supervisores nacionales, que se encargarán del seguimiento diario, pero dispondrá de capacidad para intervenir preventivamente cuando un banco incumpla o corra el riesgo de incumplir los requisitos reglamentarios de capital. Podrá autorizar a las entidades de crédito, conceder licencias, supervisar los conglomerados financieros, y autorizar o rechazar cambios en los consejos de administración.