MADRID. El informe, dirigido por los profesores José Ignacio Conde-Ruiz y Juan José Rubio Ramírez, sitúa a las autonomías como "el mayor factor de riesgo" y entiende que "el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno para las comunidades se tornan más que complicados en un escenario macroeconómico adverso de plena recesión económica".
Según las estimaciones realizadas por los autores, en el caso de que las comunidades implementasen íntegramente las medidas anunciadas en sus PEF (Planes Económicos y Financieros), el déficit estimado para este año se situaría en el -2,2 por ciento del PIB, lo que supondría una desviación del 0,7 por ciento respecto al valor esperado.
Si, por el contrario, las comunidades no cumplen las expectativas anunciadas y mantienen la tendencia al gasto del primer trimestre, el déficit se desviaría un -4 por ciento del PIB, es decir, el 2,5 por ciento por encima del valor esperado.
Esta situación, a juicio de los autores del estudio, pondría "en riesgo" el cumplimiento del déficit de todas las administraciones públicas en 2012.
El informe evalúa los Planes de Económicos y Financieros presentados por las comunidades y asegura que "no son suficientes" para garantizar el cumplimiento de los objetivos e insiste en culpar a las autonomías como las "principales responsables" de la desviación producida en 2011.
Además, tanto el profesor Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, como el profesor Rubio Ramírez, de la Universidad de Duke, destacan que mientras las medidas recogidas en los PEF preveían reducir los gastos de personal en 3.636 millones de euros en 2012, sólo se han reducido 136 millones en el primer trimestre del año.
También advierten de que la mayor parte de las medidas anunciadas en estos planes económicos son "de una sola vez" por lo que auguran que tendrán "efectos limitados" sobre el déficit estructural.
Sobre los gastos de personal que las comunidades pretenden reducir, el informe se remonta al 13 de julio cuando el Gobierno aprobó un paquete de medidas para aumentar los ingresos tributarios y reducir los gastos.
Según el informe, de todas esas medidas, la única que afecta al déficit de las comunidades autónomas en 2012 es la supresión de la paga extra de los funcionarios.
"Suponiendo -dice- que ese recorte se añada al anunciado en los PEF (algo a lo que algunas comunidades no parecen dispuestas) el efecto sobre el déficit sería de 3.442 millones, es decir, seguiría sin ser suficiente para cumplir los objetivos".
Además, el estudio pone de relieve que los ajustes en contabilidad nacional presentados en los PEF "no son creíbles" y también augura que sólo las comunidades de Galicia, Navarra y La Rioja cumplirán los objetivos mientras que Castilla-La Mancha y Cataluña serán las autonomías que previsiblemente más se desvíen.
