Vitoria. La Diputación Alavesa habilitará una especie de figura de chivato fiscal como mecanismo para perseguir el fraude a Hacienda. El gabinete de Javier de Andrés anunció ayer que activará un teléfono para recibir denuncias anónimas sobre posibles fraudes fiscales e implicar así a los propios ciudadanos en la persecución de defraudadores. Asimismo, como segunda medida en la lucha contra el fraude, la Diputación impedirá que los delitos fiscales prescriban.
Sin embargo, en las líneas de actuación avanzadas ayer por la Diputación alavesa en un comunicado, no hay mención al fortalecimiento de la Inspección fiscal en las empresas, una de las demandas planteadas por la oposición.
La lucha contra la crisis tiene un peaje obligado en los diferentes vericuetos fiscales que permitan incrementar las arcas institucionales. Sin embargo, a pesar de la concordancia política del gobierno foral del PP con el Gobierno Rajoy, Álava descarta seguir la línea de una amnistía fiscal que no convence ni al Ejecutivo foral ni a la oposición, y ha optado por vías alternativas.
La habilitación de un teléfono que fomente la implicación ciudadana en la lucha contra el fraude se suma a la que actualmente ya está en marcha y que contempla que el Ayuntamiento de Vitoria y la Hacienda foral colaboren para recuperar los pagos de los contribuyentes con deudas gestionadas por el Consistorio gasteiztarra.
Con la novedad anunciada ayer por la entidad foral, los alaveses que que hayan detectado alguna irregularidad relacionada con el fraude fiscal podrán denunciarla, de forma anónima, a través del teléfono 945 18 18 18, en la extensión 4254. Este número estará atendido por un inspector de Hacienda encargado de comprobar e investigar, en su caso, la existencia de dicho fraude, según comunicaron ayer fuentes del Gobierno liderado por Javier de Andrés.
Además, la Diputación también anunció que a partir de ahora los delitos fiscales no prescribirán, una iniciativa que Javier de Andrés pretende aplicar en lugar de la amnistía fiscal auspiciada por Rajoy, una medida consistente en aplicar un gravamen del 10% para personas físicas y del 8% para empresas sobre los bienes ocultos o dinero negro que los defraudadores decidan hacer aflorar.
El diputado general de Álava ya anunció en su día que no era "factible" llevar a cabo esta medida en el territorio, entre otras cosas, porque sería un "agravio comparativo" con las personas que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Fuentes de la institución foral recordaron que no se aplicará la amnistía fiscal, sino que la vía será, tal y como señaló De Andrés, la asunción de otra serie de medidas también aprobadas por el Gobierno central y de obligado cumplimiento por afectar a normativa básica.
El diputado general subrayó que lo que se debe hacer es que el "dinero oculto aflore". Para ello, la Diputación declarará la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, a las que se les aplicará el tipo impositivo del último periodo no prescrito.
La iniciativa anunciada por De Andrés no es nueva en la CAV. La Diputación de Gipuzkoa, con el jeltzale Markel Olano al frente del equipo foral, ya puso en marcha la pasada legislatura un servicio de similares características para facilitar las denuncias de la ciudadanía ante supuestos casos de fraude fiscal.
