DONOSTIA. Bravo ha declarado hoy en la tercera jornada del juicio que se sigue en su contra en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa por el presunto fraude de la oficina tributaria de Irun, de la que era director, y en el que también están imputados su esposa, Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristrain.
La Fiscalía reclama penas que suman 24 años de cárcel para Bravo por este fraude, a raíz del que presuntamente se embolsó 1,9 millones de euros y habría dejado de ingresar en las arcas públicas otros ocho millones. La acusación particular, que ejercen conjuntamente la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa, elevan a 30 años su petición de condena.
Durante la jornada de hoy, el encausado ha continuado respondiendo a las preguntas de las acusaciones, ya que la sesión de ayer se suspendió antes de que el fiscal concluyera su interrogatorio sobre los 37 expedientes de contribuyentes morosos a los que Bravo habría reclamado el pago de sus deudas, en algunos casos con una rebaja, a cambio de datarlos por insolvencia o prescripción.
En la sesión de hoy, Bravo ha concretado además la versión exculpatoria que ofreció ayer, según la cual, mientras trabajó para Hacienda mantuvo otras actividades paralelas como asesor y gestor en asuntos inmobiliarios de los que obtuvo cuantiosos ingresos que hoy ha cuantificado en cerca de 160.000 euros anuales, más de la mitad de ellos en dinero negro.
Para blanquear estas cantidades, se habría valido de los pagos que los contribuyentes le hicieron mediante cheques y talones, pues al no llamar la atención de Hacienda por su presunto origen lícito podía ingresarlos sin peligro en sus cuentas, para cubrir luego con dinero en efectivo procedente de sus otras actividades las deudas fiscales de los contribuyentes que, según su versión, satisfizo completamente.
CASOS Y JUSTIFICACIONES Uno de los casos más llamativos fue el del decorador José Lamy, quien llegó a estar imputado en el caso después de que Bravo se inventara una serie de deudas fiscales que realmente no tenía y que, según el acusado, fueron producto del "fallo" de una prueba que se hizo en la Hacienda de Irun con un nuevo sistema, para la que no se podían usar contribuyentes "imaginarios".
Bravo ha aclarado al respecto que como este caso hubo "muchos", ya que también se hicieron pruebas generando "liquidaciones" a su propio nombre, así como al de conocidos y otras personas de la oficina de Irun, sin que se produjeran errores.
El procesado también ha sido cuestionado sobre el presunto cobro a otro contribuyente que habría realizado en su asesoría particular, cuando ya se encontraba en excedencia de su trabajo en Hacienda, algo que Bravo ha rechazado ya que, según ha dicho, su actuación en este caso fue como asesor sin hacerse pasar por funcionario publico algo que resultaría "grotesco" porque este contribuyente conocía que ya había cesado en su función pública.
El imputado ha sido preguntado asimismo sobre un presunto delito de alzamiento por la venta de una villa en la localidad francesa de Urrugne por 1,25 millones cuando ya se había declarado el embargo de sus bienes, algo que ha negado pues, según su versión, esta vivienda no se encontraba en la lista de efectos embargados y además su venta había sido comprometida con anterioridad en un documento suscrito ante notario en San Juan de Luz.
Ha justificado asimismo la quincena de sociedades que constituyó o de las que participó durante este tiempo, como parte de su trabajo como asesor porque, según ha dicho, pretendía generar riqueza y puestos de trabajo pues tiene "facilidad para generar todo esto".
En cuanto al medio centenar de cuentas bancarias que figuran en las actuaciones, ha aclarado que la mayoría de ellas pertenecen a las citadas sociedades en las que él figuraba como persona autorizada. También ha concretado que muchos de los bienes que aparecen recogidos en las actuaciones fueron adquiridos por algunas de estas empresas.
Respecto a los numerosos préstamos concertados con distintas entidades bancarias y de ahorro, ha aclarado que algunos eran créditos puente, otros fueron suscritos por las mencionadas sociedades como forma de financiación, y otros sirvieron para pagar inmuebles con cuya venta luego fueron cancelados.
El juicio proseguirá mañana, previsiblemente en sesiones de mañana y tarde, con el interrogatorio de la defensa.
