El Gobierno vasco ha cerrado el grifo del gasto y no hace frente a sus compromisos con proveedores ni con las personas que reciben ayudas públicas desde el pasado 12 de diciembre. Los directores de servicios de todos los departamentos del Ejecutivo recibieron ese día una instrucción clara: solo hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios y del personal laboral. No hay fondos para nadie más, ni para los becarios, una situación que se produce por primera vez en la historia de la CAV. Fuentes del Gobierno vasco eludieron ayer confirmar o desmentir la información.
La decisión está motivada por el desajuste presupuestario que arrastra el Gabinete de Patxi López. El Gobierno no ha conseguido compensar la caída de la recaudación fiscal pese a sus intentos de contener el gasto. Las cuentas hacen aguas y el déficit de 2011 superará el objetivo del 1,3% pactado con el Ejecutivo español.
Diversas fuentes consultadas por DEIA cifran en el entorno del 2,3% la cifra final del pasado ejercicio. Si se cumple la previsión, supondría un agujero de unos 650 millones de euros a sumar a los ya presupuestados con lo que el déficit total del ejercicio se situaría en algo más de 1.500 millones de euros. Las citadas fuentes matizan que se trata de una estimación hasta cierto punto optimista y que es más que posible que el dato sea todavía más elevado.
Se tratará en cualquier caso de una cifra en términos porcentuales más moderada que la que registrarán otras comunidades señaladas como principales culpables de los problemas de déficit del conjunto del Estado. Es el caso de Valencia, que triplicará el tope impuesto por Madrid y arrojará un saldo deficitario de cerca de 3.500 millones.
La mejor salud financiera de la CAV no ha impedido que López haya asumido las recetas de las comunidades que se encuentran en la UVI. Entre ellas, la de paralizar los pagos desde hace más de un mes. Nadie cobra. Ni proveedores, ni empresas contratadas, ni personas o colectivos perceptores de ayudas y subvenciones.
A efectos prácticos, los servicios contables del Gobierno solo funcionan para pagar nóminas -excepto las de los becarios- y para realizar las anotaciones que registran los escasos ingresos que se producen. Todo lo que suponga restar fondos de la caja está aplazado sine die para reducir de forma artificial los gastos del año pasado y por tanto rebajar el déficit oficial.
El viernes pasado seguía vigente la orden de bloqueo de pagos y continúan acumulándose facturas en el cajón. Todo apunta a que se imputarán todos los gastos a este Ejercicio, vulnerándose la legislación vigente. La actuación, que supone en definitiva ocultar bajo la alfombra el nivel de endeudamiento de la administración vasca, no conlleva en principio ninguna responsabilidad más allá del reproche del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas o de los órganos fiscalizadores del Estado cuando auditen los Presupuestos.
Sin embargo, el nuevo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, marcó en rojo el miércoles pasado este tipo de conductas. El Gobierno español trabaja en la elaboración de una Ley de Transparencia y buen Gobierno que permitirá, por ejemplo, perseguir por la vía penal a las administraciones que derrochen. Quien gaste más de lo previsto y lo camufle escondiendo "las facturas en el cajón" podría toparse con la Justicia en el futuro.
Curiosamente, justo el día después de que Montoro puso sobre la mesa esa posibilidad, Patxi López realizó ante las cámaras de ETB una dura crítica a la propuesta y preguntó al ministro si estaba dispuesto "a meter en la cárcel a medio PP", en referencia al enorme poder autonómico de la formación de Rajoy y la certeza de que en general todas las comunidades están ocultando con argucias su nivel de deuda.
Maquillaje contable Lo cierto es que la práctica de bloqueo de pagos para maquillar el déficit no responde a colores políticos, ya que la Junta de Andalucía, todavía en manos del PSOE, está en suspensión de pagos técnica y ordenó el pasado 11 de enero dejar de pagar las facturas imputables a 2011 para incluirlas en las Cuentas del ejercicio actual. La decisión se ha tomado a dos meses de las elecciones que, previsiblemente, permitirán al PP gobernar en esta comunidad.
En el ámbito de la empresa, este tipo de actuaciones suponen un delito de falsedad contable, pero son toleradas en el sector público. De hecho, el anuncio de Montoro ha generado fuertes críticas desde sectores que consideran que los trapos sucios políticos deben lavarse en los parlamentos. Si el tono de reproche de Patxi López cuadra en el puzzle de la paralización de recibos, también lo hace la reunión extraordinaria que celebró el pasado lunes el Gobierno vasco para activar nuevas fórmulas de ahorro, si bien Lakua niega que vayan a aprobarse más recortes.
De momento, la única fórmula que ha encontrado para reducir su déficit es cerrar la caja para sus proveedores y colectivos que reciben ayudas. Siendo muy complejo cuantificar cuánto dinero está retenido, las fuentes consultadas consideran que si el saldo continúa creciendo puede llegar a superar con facilidad los 100 millones de euros. Según el catálogo de contratistas del Gobierno, la Administración vasca tiene casi 2.000 proveedores de servicios, suministros y obras.
La decisión añade incertidumbre entre las empresas, en su mayoría pymes, que trabajan para el Ejecutivo. El acuciante estrangulamiento financiero se está viendo notablemente agravado. Además, el bloqueo supone también vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por las Cortes en julio de 2010 precisamente para aliviar las urgencias de los proveedores públicos. La norma establece un calendario para que los plazos de pago de las administraciones se reduzcan gradualmente de tal forma que en 2013 se realicen los ingresos en 30 días. El Gobierno vasco acortó el calendario el pasado abril para que se implantaran los treinta días este mismo año.
