Vitoria. Además de ver recortados el salario y los derechos adquiridos para el presente año, los 67.000 funcionarios dependientes del Gobierno Vasco descubrieron ayer que su situación todavía podría empeorar. Fue la portavoz oficial, Idoia Mendia, quien les puso sobre la pista al advertir que las medidas previstas en el decretazo del Gobierno español -entre ellas trabajar 2,5 horas más a la semana hasta las 37,5 horas en aras de mejorar la eficiencia-, podrían tener cabida también en el régimen vasco. "Estamos analizando jurídicamente el Real Decreto administrativo y veremos cuáles son de aplicación básica", zanjó Mendia a pesar de la insistencia de los periodistas y a pesar de que sólo 24 horas antes su jefe, Patxi López, había desestimado esta medida en una entrevista en Radio Euskadi.
A la espera de las conclusiones de dicho informe, que el Gobierno confía en disponer a la mayor brevedad posible, el Ejecutivo vasco prevé un ahorro de 95 millones de euros a lo largo del presente año, cinco menos de lo estimado en un principio por el lehendakari el pasado mes de noviembre, cuando convocó la Mesa General de Función Pública. Pero sobre todo, recalcó Mendia, lo que se pretende es declarar la guerra al absentismo laboral, cuyo índice en algunos sectores concretos "es realmente insoportable si se compara con otros sectores de la actividad privada", alertó la portavoz.
Reacciones de ELA y LAB Al mismo tiempo que el Gobierno daba cuenta de este paquete de medidas temporales y retroactivas (el tijeretazo entra en vigor desde el pasado 1 de enero), en el exterior de la sede de Lakua los sindicatos mayoritarios (ELA, LAB STEE-EILAS) criticaban que los "ataques" previstos, lejos de paliar las consecuencias de la crisis "nos van a meter más en ella", señaló Ramón Uriarte, de ELA. A juicio del sindicalista, la confrontación en las próximas semanas va a ser una constante -existe ya sobre la mesa una convocatoria de paro para el próximo 9 de febrero- a la espera de que el Gobierno reconsidere su decisión. "No vamos a dar tregua hasta conseguir que devuelvan los recortes e impedir que sigan avanzando en los mismos. Aunque tengamos derrotas parciales vamos a seguir en la pelea porque no hay otro camino para darle la vuelta a esta situación", insistió. Por su parte, la representante de LAB, Arantza Sarasola, lamentó la recesión del capítulo inversor en los servicios públicos en los últimos años y advirtió de las "agresiones" que se pretenden imponer desde el Gobierno de Madrid, "donde se plantea un desmantelamiento progresivo de todos los servicios públicos". Poco después de conocerse el contenido íntegro de la medida del Ejecutivo vasco fueron UGT y CCOO, centrales que también se descolgaron de la Mesa de Función Pública, quienes anunciaron acciones conjuntas contra este paquete de recortes. Sin ir más lejos, UGT iniciará hoy una campaña en defensa de lo público con una concentración en Bilbao para denunciar las "imposiciones" por parte de los Gobiernos vasco y central.
Guerra al absentismo Las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco para 2012 son las siguientes: se suspenden de forma temporal las primas por jubilación voluntaria; los compromisos relativos a la realización de contratos de relevo -sólo se autorizará su tramitación en casos excepcionales-; los permisos horarios por razón de edad que den derecho a modificaciones de jornada sin disminución de retribuciones; y la prórroga en el servicio activo a los funcionarios que cumplan 65 años -también con algunas excepciones-. Asimismo, el Consejo aprobó la tabla de complementos ligados a las bajas por enfermedad (ver cuadro). En el caso del complemento empresarial por incapacidad temporal por contingencias comunes, desde la fecha de inicio y hasta el agotamiento del plazo máximo previsto en el artículo 128 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, se completará hasta el 100% cuando su causa sea motivada por causas concretas. Sin embargo, en los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento se calculará conforme a nuevas reglas, ya que hasta ahora se percibía el 100% de la retribución de los afectados.
"No es momento de huelgas" La nueva medida establece entre otros que desde el primer día de baja al tercero se abonará el 50% de las retribuciones cuando se trate de la primera baja en el ejercicio, y el 40% en la segunda baja. Para bajas posteriores, el complemento será a partir del cuarto día. La consejera de Administración Pública matizó que éstas son las medidas que el Gobierno presentó en la Mesa General de Función Pública a los sindicatos el pasado mes de noviembre, en la que "lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo". Así y todo hizo un llamamiento a la cordura de todos los trabajadores ante el desarrollo inminente de movilizaciones de protesta, como la jornada de paro prevista para comienzos de febrero. "Ya dije hace dos años, al poco de llegar al Gobierno, que no era el momento de huelgas generales. Pues bien, evidentemente hoy lo es mucho menos", concluyó la portavoz.