MADRID. Son datos de la encuesta anual sobre opinión pública y política fiscal que elabora el Centro de Investigaciones Sociedades (CIS), según la cual el 61,5 % de los encuestados piensa además que lo que paga al Estado en tasas le beneficia poco o nada.
Un porcentaje similar (59,1 %) entiende que recibe menos del Estado en servicios públicos de lo que está pagando en impuestos y cotizaciones.
Asimismo, el 84,1 % de los españoles considera que existe mucho o bastante fraude fiscal y el 65,2 % cree que la administración hace pocos o muy pocos esfuerzos por combatirlo.
Preguntados por eventuales medidas para reducir el déficit público, el 88,3 % se muestra poco o nada de acuerdo en recortar el gasto social y el 70,4 % dice lo mismo sobre la posibilidad de subir los impuestos.
Por el contrario, el 30,7 % estaría muy o bastante de acuerdo en reducir la inversión pública en infraestructuras y un porcentaje parecido (27,5 %) aprobaría la privatización de servicios públicos como el agua o la limpieza.
Según el sondeo, realizado en julio, la mayoría (53,9 %) asume que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, si bien hay un 34,2 % que dice no saber muy bien por qué están obligados a pagarlos.
En general, los encuestados son muy críticos con el funcionamiento de los servicios públicos, de los que la sanidad y el transporte público son los mejor valorados.
De esta forma, el 60,2 % asegura que el transporte público funciona muy bien o bastante bien, y el 56 % opina lo mismo de la asistencia sanitaia.
Peor parada sale la administración de justicia, ya que el 72 % cree que funciona poco o nada, mientras que el 55,3 % piensa lo mismo de la ayuda a personas dependientes.
De diferente manera se valora el reparto de los recursos públicos, puesto que el 46,2 % considera que los que se destinan a la sanidad son los justos, aunque hay un 43,6 % que entiende que son muy pocos.
Más de la mitad de los españoles cree que se dedican muy pocos recursos a las pensiones, la vivienda y las personas dependientes, mientras que en el otro extremo, el 36,2 % dice que son demasiados los que se gastan en la defensa del Estado.
También son más lo que preferirían mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos, que los que optarían por una bajada de tasas aun a costa de reducir dichos servicios, si bien la mayoría (33,6 %) se sitúa en una posición equidistante entre ambas opciones.
La mayoría (59 %) se considera bastante consciente y responsable a la hora de pagar impuestos y el 84,7 % entiende que engañar a Hacienda supone engañar al conjunto de la sociedad, además de ver inaceptable comportamientos tales como fingir enfermedad para no ir a trabajar o fijar el domicilio en otro país para no pagar impuestos.
No obstante, al juzgar al resto de la ciudadanía el 48,1 % piensa que los demás son poco o muy poco responsables, lo que está en línea con la percepción del fraude.
Los ámbitos donde los encuestados creen que hay más fraude son las empresas, los partidos políticos y entre los ricos y poderosos.
El 75 % cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una inspección, aunque la mitad de los encuestados considera que el riesgo de ser descubierto y sancionado es bastante bajo o muy bajo.
Del total de encuestados, el 68,3 % hizo la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2010, frente a un 11,4 % que no la hizo y al 19,8 % que no tenía obligación de presentarla.
A la mayoría de los que la hicieron (61,7 %) les salió negativa (a devolver).
La muestra de la encuesta, de ámbito nacional, fue de 2.468 entrevistas personales a domicilio en 239 municipios de 48 provincias.