madrid. El Gobierno ha decidido indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia y podrá seguir en su cargo.
En pleno traspaso de poderes entre el Gobierno socialista en funciones y el PP, cuyo Ejecutivo se constituirá en torno al 20 de diciembre, es lógico pensar que una decisión de este calado ha contado también con el beneplácito de los populares.
Tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se limitó a admitir que "se había tratado" este asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados por el Gobierno para conceder el indulto. También dijo que desconocía si el PP sabía o no que en la reunión del Ejecutivo se iba a indultar a Sáenz.
Según una nota del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros decidió ayer "indultar parcialmente" a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, "una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley. La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".
la causa El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto, que entonces presidía Sáenz después de adquirirlo en subasta el Santander tras ser intervenido, emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. El banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Tras ser archivada esa causa, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido y consejero de Banesto en la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que sufrió diversos avatares hasta que en mayo de 2006 el Supremo ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que continuara con su tramitación.
En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella" y que actuaron así como "medida de presión" contra los industriales.
De esta forma, el citado tribunal condenó a Sáenz a 6 meses de prisión por el delito continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal, tras estimar parcialmente un recurso presentado por los tres condenados. Tras el recurso, el Tribunal Supremo redujo la sentencia a 3 meses de prisión y suspensión de cargos en entidades bancarias, y Sáenz solicitó el indulto al Gobierno.
