VITORIA. El Gobierno Vasco aprobará mañana un proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año gobernado por la crisis. La palabra clave será "contención". Será la consigna tanto en los gastos corrientes -la congelación del salario de los funcionarios será el efecto más palpable- como en los de inversión. En principio, la idea es mantener el tono en lo relativo al gasto social. Vitoria no encuentra respuesta a la caída de la recaudación y se limitará a atar en corto la gestión de los recursos disponibles, según la proyección de ingresos acordada en el Consejo Vasco de Finanzas de mediados de mes. El escenario siembra grandes interrogantes. Sobre todo al exprimir el enorme margen de deuda que le había dejado el anterior Ejecutivo, las exigencias de Bruselas en esa materia recortan notablemente el recorrido. Ahora toca hacer equilibrios entre unos ingresos previstos para el año que viene inferiores a los alcanzados en 2006 en medio de las urgencias propias de la crisis, que obligan a aumentar las ayudas tanto a los ciudadanos como a las empresas.

De hecho, el Gobierno de López tiene la responsabilidad de diseñar las Cuentas Públicas del ejercicio que debe permitir a la CAV poner pie y medio fuera del negro ciclo de la recesión. A la espera de concretar los rasgos, el Presupuesto insistirá en las dinámicas de economía de guerra de años anteriores. No habrá espacio para grandes alegrías a tenor del mensaje que transmite en público y en privado Lakua.

El leit motiv que guía todas las manifestaciones gubernamentales en esa dirección es básico. Cada vez es más "difícil" recortar gastos internos y hay que buscar otras fórmulas de ahorro. La tijera amenaza por incidir en otros ámbitos. Una vez conocido el desajuste entre las previsiones y los ingresos de este año, con un saldo negativo de casi 800 millones de euros, la recaudación de las haciendas vascas apenas superará en 2012, los 12.100 millones de euros. Es una cifra que se mueve sensiblemente por debajo de los más de 12.500 millones ingresados en 2006, según las estimaciones realizadas por el Gobierno.

Esa debilidad tributaria ha fijado las directrices del Ejecutivo en el proyecto de Ley que verá la luz mañana miércoles. Se intentará rebajar en un 2% el gasto no financiero -inversiones y salarios, etc.- y recortar en un 5% el gasto de funcionamiento -luz y teléfono, entre otros-. El límite de deuda se situará en torno a los 1.190 millones de euros, ligeramente por debajo de las necesidades de endeudamiento de este ejercicio (1.207 millones). Uno de los ejes principales de la política de ajuste será la previsible congelación de los salarios de los funcionarios, una apuesta del Departamento de Hacienda en plena fase de negociación con los sindicatos. Lakua afirma que el acuerdo en esa dirección ya está encaminado, si bien, todo apunta a que se tratará, una vez más, de un pacto con CCOO y UGT. Los sindicatos abertzales quedarán fuera y continuarán con su presión al Ejecutivo. En principio, quedarán al margen de la política de contención -en todo caso con crecimientos testimoniales- aspectos de la gestión pública como la Educación, la Sanidad y el gasto en servicios sociales. Habrá que esperar en todo caso a la letra pequeña del Presupuesto, que, previsiblemente volverá a incluir en la tramitación parlamentaria inversiones millonarias para los municipios de Rioja Alavesa gobernados por el PP, el socio preferente de los socialistas vascos. El apoyo popular a las cuentas ha blindado hasta ahora a esas localidad ante los ajustes presupuestarios.