Vitoria. Los economistas norteamericanos Sims y Sargent acaban de compartir el premio Nobel de su materia -dotado con diez millones de euros- por sus teorías sobre la relación empírica que existe entre la macro y la economía doméstica. A su juicio, la situación actual de crisis es mucho más fácil de explicar de lo que los economistas pretenden. Todo es, advierten, economía "de andar por casa". La Diputación alavesa lo sabe bien. Como a cualquier familia que atraviese apuros, hace tiempo que no empiezan a salirle las cuentas. En este tiempo ha gastado más de lo ingresado y las consecuencias no han tardado en llegar. Como a cualquier otra familia.

El agujero que el lunes denunció el diputado de Hacienda, Javier Zurita, de 96 millones de euros heredados del anterior Gobierno jeltzale y, sobre todo, la alarmante falta de liquidez que la Diputación presenta para hacer frente a los 56 millones que Álava debe devolver al Gobierno vasco antes del 31 de diciembre en concepto de las llamadas vacaciones fiscales, hizo que ayer fuera el diputado general, Javier de Andrés, quien solicitara un acuerdo con Lakua para efectuar los pagos en "plazos y forma que sean viables para la Diputación y su tesorería".

En rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Diputados, De Andrés explicó que la situación de la tesorería alavesa ya está marcada por el informe del Tribunal Vasco de Cuentas (TVC), quien determinó que los fondos del FEPEL (Fondo de Estabilización para las Entidades Locales de Alava) que se encarga del 95% de la financiación, no se debe considerar como remanente de tesorería, como sí hizo el anterior gobierno del PNV. "Siempre consideró como disponible los fondos del FEPEL que alcanzan los 60 millones de euros, pero no están disponibles, sino que lo tienen los ayuntamientos y no es exigible por parte de la Diputación", subrayó el diputado general.

La delicada situación, alertó De Andrés, no sólo afecta a la Diputación, sino también al conjunto de instituciones locales. En este sentido expresó su esperanza de que el Gobierno vasco sea "sensible" y permita efectuar los pagos "a lo largo de próximos ejercicios". Asimismo, apostó el diputado general por dejar de actuar en las previsiones económicas "con un optimismo que luego no se justifica" y demandó "cálculos más ajustados a la realidad" de cara al futuro, porque los 60 millones de deuda que tienen los ayuntamientos con la Diputación son el resultado de errores en la previsión presupuestaria.