Vitoria. El pasado 22 de septiembre, durante la presentación del libro Empresarios Made in Álava en el museo Artium, un periodista preguntó con cierta ironía al nuevo diputado de Hacienda, José Zurita, si con la que estaba callendo sabía realmente dónde se metía. El exsecretario general de SEA Empresarios Alaveses no sólo contestó en positivo sino que presentó además ante una nutrida representación de empresarios sus credenciales para "hacer frente" a la situación y "ayudar en todo lo posible a las empresas", generadoras de la actividad y riqueza de la provincia.
Ayer, tres semanas después, le tocó el turno de presentar sus líneas maestras para tratar de revertir la situación ante un foro más político, el que conforman todos los grupos en las Juntas Generales. Y el trago fue amargo. Aunque las intenciones de Zurita y su renovado equipo sean buenas, e incluso quieran hacer de su mandato un ejercicio de austeridad, rigor en el gasto y lucha contra el fraude, lo cierto es que a día de hoy la economía alavesa camina en la dirección opuesta. La compañía Álava S.A. no tira. Gasta más de lo que ingresa, apenas cuenta con liquidez para hacer frente a los pagos inmediatos y por si fuera poco no sabe muy bien qué camino ni qué medidas ha de tomar.
En este contexto, Zurita anunció ayer unos Presupuestos para 2012 de "máxima restricción" y decretó el estado de emergencia para la economía local, una decisión motivada, entre otros, por el "tremendo" agujero que el anterior Gobierno -liderado por el jeltzale Xabier Agirre- dejó en las arcas públicas, 96 millones de euros (aproximadamente 16.225 millones de las antiguas pesetas), según denunció el diputado de Hacienda.
A tenor de lo expuesto ayer en la comisión de Hacienda, la estructura de la deuda "heredada" del PNV quedaría de la siguiente forma: 20 millones de euros por la bajada de la recaudación prevista (-7%), otros tantos en concepto de devolución a la Agencia Tributaria por el llamado caso Rover, y 56 millones de euros más correspondientes a las denominadas vacaciones fiscales, los incentivos que recibieron cientos de empresas vascas a mediados de los 90 y que posteriormente Bruselas declaró ilegales.
Críticas del PNV Pues bien, precisamente este asunto no sólo elevó la temperatura del debate sino que dio paso a un cruce de reproches entre Zurita y el portavoz del PNV, Ramiro González, quien se defendió de las acusaciones de derroche y falta de austeridad calificándolas de falsas. "Dejamos en las arcas forales un remanente de 68 millones, así que es mentira que nos gastásemos los 56 millones que usted dice. Deje de enredar para disimular su absoluta falta de propuestas concretas", espetó el portavoz jeltzale en declaraciones a la agencia Efe.
Horas antes, en plena comisión, Zurita insistió en acusar al PNV de falta de "austeridad" con una partida tan sensible como esos 80 millones de euros. "En lugar de guardarlos en una caja y ponerle un cartel enorme de ¡cuidado!, ustedes fueron incorporándolos sistemáticamente al presupuesto ordinario del año siguiente, consiguiendo que hoy no exista ni un céntimo porque ustedes se lo gastaron". El problema del supuesto derroche no muere ahí. En virtud de la Ley de Aportaciones, Álava deberá devolver antes de que termine el año el 70% de la cantidad devuelta por las empresas, es decir, 56 millones, una cifra "imposible" de afrontar en estos momentos por falta de liquidez, alertó ayer la Diputación. En este sentido, en la reunión preparatoria del Consejo Vasco de Finanzas del pasado día 4 ya se iniciaron los primeros contactos para buscar diferentes fórmulas de pago, advirtió ayer Aitor Uribesalgo, director de Finanzas y Presupuestos.
