vitoria. La fiscalidad sigue siendo uno de los principales caballos de batalla entre Gobierno Vasco y diputaciones, en vísperas de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas que vendrá a marcar la política fiscal del próximo ejercicio y a definir las bases presupuestarias tanto del Ejecutivo autonómico como de los forales. No han sentado bien en las filas socialistas, mucho menos en el seno del Gobierno Vasco, que las diputaciones respondieran con displicencia -cuando no acusando directamente a Patxi López de desconocer el entramado institucional y competencial vasco- a la propuesta que el lehendakari lanzó la semana pasada en el Pleno de Política General de habilitar algún mecanismo en el Parlamento Vasco para que las diputaciones y los grupos de la Cámara, así como el Gobierno Vasco, puedan decidir allí los eventuales cambios a introducir en la fiscalidad vasca.
Sea como fuere, el PSE ha elevado a la Mesa del Legislativo un escrito en el que le recuerda la demanda del lehendakari para que el órgano rector de la Cámara habilite una fórmula que permita este debate. Porque López parece no desistir de su iniciativa y, de hecho, insistió ayer durante una comparecencia en Lehendakaritza con motivo de la visita del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en reivindicar el papel del lehendakari y el Gobierno Vasco en materia de coordinación y armonizacion fiscal, subrayando además el precedente de la reforma fiscal emprendida por el gabinete Ibarretxe en 1998. "¿Qué es el Gobierno Vasco en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT)? ¿Un okupa?", se preguntó López.
