vitoria

vIO un bosque y no vio árboles, si no un lugar donde hacer crecer el dinero amasado con la paciencia del artesano en varios negocios con altibajos. Imaginó miles de troncos apilados, cien personas trabajando, toneladas de madera de gran calidad viajando hasta Euskadi o donde fuera reclamada para que angulosas cuñas y listones rectilíneos se unieran en macizos muebles. Soñó con el dinero en el que viajaría hasta el retiro y le despertaron a medianoche sumiéndole junto a su familia en una absoluta oscuridad. Es Ernesto Sojo, cerebro de empresario con corazón de misionero que invirtió en un zona deprimida y castigada por el paro. Alma confiada que ha sido víctima de los vicios de una economía agujereada por la corrupción. Su idea, construir de la nada un aserradero en una de las extensas zonas boscosas de Rumania. Pero el castillo se derrumbó por la traición de sus socios locales y por la falta de protección de un sistema judicial bajo sospecha. Son constantes las denuncias que llegan desde la Unión Europea por prácticas de corrupción generalizada, la última la pasada semana, cuando Alemania, Francia, Holanda y Finlandia volvieron a poner en cuarentena su ingreso en la zona Schengen. Con esa realidad se topó Ernesto, que una vez agotada la vía judicial rumana, ha iniciado una cruzada denunciando a todo el país ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por, según asegura, hacer de la corrupción una forma de vida y dinamitar sus ilusiones.

Quiere que se conozca en Euskadi su caso. Que sea "un aviso a navegantes" para evitar que otro empresario vasco caiga en la trampa. Sojo ha perdido más de dos millones de euros en el envite y opina que "el Gobierno vasco debería informar a los empresarios de los posibles de riesgos de algunos países".

llegada a rumania

Una inversión con riesgo

Tras más de dos años buscando en Rumania el mejor destino para invertir el dinero logrado al vender un pequeño negocio de distribución de gasóleo, Ernesto encontró en el año 2000 su bosque en Caras-Severin, en la región de Bocsa. Asegura que una maraña de engaños, errores y tramas corruptas acabaron con sus ilusiones. Primer engaño. Le dijeron que necesitaba socios locales para implantar una empresa en el país y el jefe de obra (M.G.) le convenció de que fueran su mujer y su hermano. Se convertirían en socios de paja de la compañía, Uneka 2000, sin aportar ni un céntimo pero con sueldo fijo. "Ahora me preguntan cómo fíe, pero sin conocer el idioma y sin un traductor de español en prácticamente todo el país, me dejé guiar por quien me supo engañar muy bien", dice Sojo. A partir de ahí, todo fue de cabeza y el empresario vasco, visiblemente afectado, dispara palabras e ideas a gran velocidad. Es difícil seguirlo, porque uno no pierde dos millones de euros de la noche a la mañana. Ese dinero ha desaparecido gradualmente en un aluvión de acontecimientos que a veces se mezcla con cuestiones más accesorias. Otro error, otro engaño, dar plenos poderes al jefe de obra, que sería el director de la fábrica. A partir de ahí todo se torció. Los terrenos sobre los que se levantó el aserradero fueron comprados a un precio sobrevalorado, el coste de las obras se infló y los socios rumanos reclamaban constantemente nuevas transferencias para poder terminar las obras.

Sojo empezó a sospechar pero se encontró ante la espada y la pared, perder los más de 300.000 euros ya invertidos o continuar inyectando dinero para que el proyecto viera la luz. "¿Cómo iba a quedarme sin ese dinero si tenía una cartera de pedidos y materia prima? Decidí seguir y me equivoqué", lamenta. En enero de 2002, revocó los plenos poderes del director. Se trata de una de las pruebas presentadas ante Estrasburgo, un acta con timbre legal en la que un notario bilbaíno revoca los poderes. El proyecto estaba lanzado y el empresario vasco prefirió no prescindir de sus socios para no retrasarlo. La revocación de los poderes no impidió que M.G. convocara posteriormente varias juntas de accionistas aduciendo representar el 90% de las acciones propiedad de Sojo. Su mujer y su hijo, con un 5% cada uno, completaban la asamblea. En una de esas juntas decidieron pedir un crédito de 60.000 euros poniendo como garantía hipotecaria el aserradero. Sojo no tuvo conocimiento del crédito hasta casi un año después cuando el director del banco le comunicó el embargo por impago de las cuotas. Según reza en la denuncia ante la Corte de Luxemburgo, el empresario siguió ingresando dinero en las cuentas de la compañía para mantener la sociedad, el pago de los impuestos y las prestaciones sociales. Acaba de terminar el verano de 2002 y la empresa todavía no estaba puesta en marcha. Un año después, en otoño, Sojo emprendió acciones penales contra el director y chocó de bruces con un débil sistema judicial, que, en su opinión, protegió a los ciudadanos rumanos.

sistema judicial corrupto

Policía al servicio de Ceaucescu

En su batalla, presentó varias denuncias: por tomar decisiones sin su consentimiento, por modificación de la contabilidad de la empresa, por alteración de los precios de los materiales y los trabajos de construcción. Todas las actuaciones judiciales concluyen con sentencias contrarias a los intereses de Sojo. Así, aunque M.G. reconoció en enero de 2007 ante un tribunal que firmó la revocación de poderes, la investigación de la fiscalía concluye que el gerente rumano "tenía un mandato tácito para representar al señor Sojo, aunque no tuviera poderes documentales". El denunciado es absuelto. En la querella contra el Estado Rumano, el abogado de Sojo apostilla que "el fiscal que participó en el procedimiento fue desterrado posteriormente a un pueblo de Craiova". Otro fiscal que desestimó otra denuncia fue más tarde acusado de haber pertenecido al policía secreta rumana durante el régimen dictatorial comunista de Ceaucescu, lo que le inhabilitaba como funcionario de Justicia. Sojo también denunció el robo de 8.000 euros de su coche en julio de 2002. Tres años después, cuando la relación con los socios rumanos ya estaba rota, acudió a la policía a informarse y descubrió que la denuncia había sido archivada por la presentación por parte del administrador, B.D., de un documento en el que Sojo desistía. Tras denunciar la falsedad de la firma se inicia una investigación que constatató pericialmente la falsificación. La policía señala como instigador al agente que investigó el robo, entonces apartado del servicio por el atropello en estado ebrio de una mujer. Se le condenó por la falsificación a dos años de prisión conmutados por dos años de servicios sociales.

Son algunos de los ejemplos expuestos en su querella del trato que recibió por parte del entramado judicial rumano. También denuncia que no ha sido citado a ningún juicio ni recibido ninguna sentencia. Son piezas del puzle de la indefensión, de un espíritu empresarial llevado hasta el mismo borde del abismo "por unas prácticas corruptas que llaman la atención de toda Europa".

La vuelta a la realidad ha sido muy dura. "He pasado de tener fama y prestigio como empresario a que me pregunten por la calle cómo me pude dejar engañar así. Pero hay que entender que es un país en el que en el que cuando huelen dinero van a por tí. Hasta unas personas que se identificaron como bomberos se pasaron para decirme más o menos que si no pagaba no acudirían en caso de incendio", relata. Ahora está dispuesto a llegar hasta el final. El Tribunal de Estrasburgo investiga en la actualidad la documentación recibida, cientos de folios, y emitirá un juicio en la primavera del año que viene. Si es contrario a sus intereses, se declarará en huelga de hambre.