Madrid. Los sindicatos CCOO y UGT criticaron ayer duramente las medidas económicas promovidas desde la Unión Europa y desde un Gobierno español, en su opinión "agotado" y "moribundo", al que exigieron medidas duraderas que garanticen la protección social de los ciudadanos y que no pongan en riesgo el Estado del Bienestar. En la asamblea de delegados que ambos sindicatos convocaron en el marco de una jornada de movilizaciones promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CEF), tanto CCOO como UGT exigieron medidas alternativas para hacer frente a la coyuntura económica por la que atraviesa España y subrayaron que es el coraje lo único que se requiere para ponerlas en práctica.

Tanto el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, como el de UGT, Cándido Méndez, animaron a la militancia del PSOE a dar un "puñetazo en la mesa" contra la negociación colectiva, que el Gobierno salvó en el Congreso. Toxo y Méndez también mostraron su oposición al Pacto del Euro, que alcanzó la UE en marzo y que estos días se debate en Bruselas, ya que de una forma "casi delictiva", aseguraron, desmantela la política social con el único fin de tranquilizar a los mercados financieros y tiene como único interés frenar el déficit público ignorando el social. En esta línea, los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Juan Goyen y José María Molinero, respectivamente, reclamaron al nuevo Gobierno de la Comunidad que impulse políticas "económicas y sociales" tendentes a "la creación de empleo y a la defensa del estado de bienestar".

En declaraciones a los periodistas, con motivo de la concentración que realizaron ambos sindicatos para reclamar un "cambio de rumbo" de la política económica europea, el líder de UGT aseguró que "lo mejor" para la Comunidad es que "de una vez se apliquen políticas económicas y sociales como las que estamos demandando a nivel europeo". Molinero, por su parte, exigió al nuevo Ejecutivo que "no hagan políticas en contra de los trabajadores" y le reclamó que no realice "nuevos recortes sociales". En virtud de todos acuerdos, reclamaron más tiempo para que España cumpla con el objetivo de la UE de recortar por debajo del 3% su déficit público y aconsejaron alargar esta meta hasta el 2016 o 2017.

Una posibilidad que debe ir unida a mayores inversiones, servicios públicos de calidad, reformas fiscales contra la evasión de impuestos y la economía sumergida; en definitiva, una política "honrada vetada para los corruptos y para las presiones de los banqueros".

Todas estas propuestas se las entregaron ambos secretarios, acompañados de unos 2.000 afiliados, al subsecretario de Trabajo, José María Luxán, que les recibió en el Ministerio de Trabajo al término de la asamblea.