vitoria. La empresa siderúrgica Ros Casares tendrá que devolver las ayudas fiscales recibidas por la Diputación de Álava y que fueron declaradas ilegales por la UE, tras haber desestimado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un recurso presentado por la firma valenciana al respecto. No obstante, la sentencia, hecha pública ayer, todavía puede tener recorrido jurídico y ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Ros Casares, al igual que otras muchas compañías, recibió en su día ayudas fiscales por parte de la Hacienda foral que consistían en una reducción del 45% de las inversiones que hizo en activos fijos, una de las medidas incluidas en las llamadas vacaciones fiscales vascas. La Comisión Europea declaró estas ayudas ilegales por considerarlas ayudas de Estado y exigió a España que recuperara el dinero concedido a las empresas.

dinero reclamado en 2007 Así lo hizo la Diputación alavesa, que en 2007 reclamó a Ros Casares la devolución del dinero percibido, cuyo montante no se ha hecho público. La firma siderúrgica recurrió sin éxito ante el tribunal superior vasco esta orden de devolver las ayudas. En su sentencia, recordó el tribunal que la decisión de recuperar las ayudas era una solución "impuesta" por la Comisión Europea, no por la Diputación, que "defendió la legalidad de su normativa ante las instituciones comunitarias".

También ha subrayado que la decisión de recuperar las ayudas ha sido avalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. La sentencia del tribunal vasco ha contado con un voto particular del magistrado José Antonio González Sáiz, que interpretó que para recuperar las ayudas la Diputación alavesa debía de haber utilizado las propias normas fiscales, igual que hizo para conceder las ayudas, y no un procedimento administrativo.

¿medidas incompatibles? El juicio sobre las ayudas conocidas como vacaciones fiscales vascas, introducidas en Euskadi en los años noventa, concluyó el pasado 10 de mayo con una vista en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Los jueces de Luxemburgo deben decidir en los próximos meses si anulan, como piden las diputaciones forales vascas, una sentencia anterior del Tribunal de Primera Instancia que daba la razón a Bruselas acerca de la incompatibilidad de las medidas con la legislación comunitaria y ordenaba su devolución.