madrid. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó ayer que las empresas tendrán hasta agosto para regularizar a sus empleados que estén trabajando "en negro". El responsable del departamento explicó que el plan contra el empleo sumergido que el Gobierno aprobará hoy presumiblemente por decreto, lo que supone su entrada en vigor en cuanto se publique en el BOE, incluirá un plazo de tres meses para que las empresas "se pongan al día" y que, una vez transcurrido este tiempo, endurecerán las sanciones contra quienes empleen a personas irregularmente y sin pagar a la Seguridad Social.
De hecho, el ministro destacó en una entrevista en TVE que el plan contribuirá a reforzar los ingresos de la Seguridad Social. En cuanto a la otra incógnita que queda pendiente por desvelar sobre la iniciativa, el segundo borrador del plan prevé reconocer seis meses a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones. En todo caso, Gómez defendió que en ningún momento habrá una amnistía ni un perdón para las empresas y ha asegurado que, en todo caso, el periodo de regularización voluntario será una "advertencia".
Los empresarios que regulen la situación de sus trabajadores en los próximos tres meses no serán sancionados, pero eso no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades. Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las actuales. También afectará a los empleados que compatibilicen el cobro del desempleo con trabajos por cuenta propia o ajena, que perderán la prestación. "No es tanto mirar qué han hecho las empresas en el pasado como ayudarlas a que emerger empleo y que se generen ingresos para la Hacienda Pública", añadió Gómez.
El Gobierno pretendía sacar adelante la iniciativa de la mano de sindicatos y patronal, pero las divergencias con las centrales han hecho imposible alcanzar un pacto. Para los sindicatos, el plan es poco ambicioso y, en buena medida, es una operación cosmética para satisfacer las exigencias de Bruselas y los mercados en este sentido.
"No resulta adecuado ni en tiempo ni en forma ni en contenido, porque ni va a aflorar el grueso de este empleo ni va a mejorar la protección de los trabajadores ni va a aumentar los ingresos públicos ni va a eliminar la competencia desleal entre empresas", reiteró UGT a través de un comunicado. Además, advierte de que el elemento disuasorio del plan -las futuras sanciones más duras- "se pierde al no ir acompañado de un incremento de los medios de la inspección".
Del lado de los empresarios, no ven con buenos ojos que si bien el plan es temporal, las sanciones a los incumplidores tendrá carácter permanente.
