vitoria. El Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo. Así lo refleja una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo, en la que se plantea que dichas aportaciones podrán destinarse "total o parcialmente" a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo de los trabajadores de más edad.

La enmienda establece que los ERE susceptibles de ser revisados por esta norma deberán afectar, al menos, a 100 trabajadores en un periodo de referencia de tres años, y con independencia del número de trabajadores de 50 años o más afectados.

Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Asimismo, se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la empresa. Además, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación. Lo que sí concreta es que se considerará que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio sea positivo.

Valoraciones El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló ayer que la enmienda recoge una "vieja idea para que las empresas con beneficios no externalicen sus costes al resto de la sociedad cuando prejubilan a los trabajadores de 50 años". Esto implica, según explicó, que las empresas con beneficios "suficientes" que tengan que ajustar sus plantillas hagan una "contribución" al herario público por sus asalariados "que ya no van a volver a buscar activamente un empleo", precisó Gómez.

Hace una semana el ministro iba más lejos y mantenía que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un volumen de beneficio suficientemente amplio" debía pagar la integridad del paro de una persona prejubilada a través de un ERE.

El PSOE considera ahora que la normativa laboral vigente en materia de prejubilaciones puede "resultar adecuada" para que las empresas accedan a la flexibilidad que requieren, pero busca reducir "impactos sociales y económicos no deseados", por la "expulsión prematura e injusta" del mercado e los trabajadores de más edad.