Vitoria. El empleo negro que la economía alavesa maneja cada año, por fin, tiene nombre y apellido. Son 723 millones de euros -casi el doble que el presupuesto del Ayuntamiento- los que cada año se defraudan en la provincia a cuenta de trabajar sin declarar, tanto en régimen de autónomos como trabajando por cuenta ajena. Es la conclusión que han estimado los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido. En el ámbito vasco, el empleo sumergido se situaría en torno a los 4.581 millones de euros, lo que supone el 7% del PIB generado en un año, según este mismo colectivo. Bizkaia, la provincia que oculta un mayor empleo irregular, dejaría de ingresar cada año 2.331 millones de euros, mientras que en Gipuzkoa, la picaresca alcanzaría la nada despreciable cifra de 1.526 millones de euros. En la escena nacional, por su parte, el agujero rondaría los 82.500 millones esto es, el 8% del PIB español.

En este contexto, Gestha explicó ayer que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en el País Vasco -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría recaudar cada año más de 800 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional. Asimismo, el colectivo recordó que en la economía del país la tasa de dinero no declarado alcanza actualmente el 23,3%, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones- proceden del fraude fiscal, un componente "que no debe dejarse a un lado en el próximo plan del Gobierno".

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, con el fin de solventar determinados problemas de personal en el Ministerio de Economía y Hacienda.