Vitoria. El Tribunal Supremo deliberará hoy en Madrid sobre el recurso presentado por el Gobierno central contra la Diputación de Álava por el llamado caso Rover, un conflicto histórico entre Euskadi y la Agencia Tributaria que finalmente -resolución de la Junta Arbitral mediante- supuso el ingreso en las arcas públicas de 435 millones de euros en concepto de IVA. Aunque el fallo estaba previsto en un principio para el pasado 26 de enero, será finalmente hoy cuando la sala tercera de lo Contencioso del Supremo se reúna y emita un dictamen que será público en las próximas dos o tres semanas.

No se esperan grandes sorpresas. Ésa es, al menos, la sensación que existe en el entorno jurídico de las tres diputaciones, cuya confianza se sostiene en la jurisprudencia existente en la gran mayoría de las resoluciones de la Junta Arbitral, el órgano que vela por el cumplimiento de los temas relacionados con el Concierto Económico. Pues bien, según dicha jurisprudencia, casi todas las resoluciones de la Junta son recurridas casi siempre al Supremo, aunque con poco éxito.

¿Fin al conflicto? Así y todo, se añade desde el ámbito jurídico, existe la posibilidad de que el recurso resulte favorable al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que colocaría a las tres diputaciones y al propio Gobierno Vasco -beneficiario del 70% de esos 435 millones- en su serio aprieto. Deberían devolver esta extraordinaria cantidad, que permitió cerrar de forma positiva los balances forales del pasado ejercicio.

El origen del caso Rover se remonta a 1990, cuando tuvieron lugar cientos de operaciones de importación de vehículos de esta marca inglesa a través de la localidad de Araia. El IVA de aquellas transaciones siempre lo cobró la Agencia Tributaria, cuando en realidad quien debía haberlo ingresado era la Diputación de Álava. La resolución de la Junta Arbitral del 19 de junio de 2009 ratificó esta interpretación. La deliberación de hoy podría poner, salvo que se produzca un nuevo retraso, el final de un conflicto de más de quince años entre las administraciones central y vasca.