ESTA semana se ha cumplido por fin uno de los sueños de numerosas organizaciones que tienen en común la primacía de las personas y de los fines sociales sobre el capital. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles por unanimidad la Ley de Economía Social, una norma que sienta las bases de un sector de gran importancia en Euskadi, estableciendo un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran este campo, la mayoría de las cuales ya contaban con legislación específica pero sin estar protegidas por un paraguas que reconociera su importancia en la sociedad. Los dos principales avances de esta ley son, por un lado, el traslado a los poderes públicos de la obligatoriedad de fomentar la economía social, una tarea que pasa a considerarse de "interés general", y por otro, la fijación de las entidades que forman parte de este sector.
Tal como establece esta breve norma -cuenta con tan solo nueve artículos-, son consideradas entidades de la economía social "las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación", y todas aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios que recoge esta norma. Esos principios son los de "primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa; la aplicación de los resultados obtenidos al fin social objeto de la entidad; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida familiar y laboral y la sostenibilidad; y finalmente, la independencia de los poderes públicos".
Se considera que en el Estado las empresas y organizaciones que siguen esos principios generan 2,3 millones de empleos directos e indirectos y aportan un 3% del PIB. A pesar de ello, este sector no contaba con una ley propia que dejara claro su carácter de relevancia general para la sociedad y estableciera un mandato a los poderes públicos. Así, la ley determina que el Gobierno habrá de aprobar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma -que será dentro de un mes- un programa de impulso de las entidades de economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos".
Catálogo de entidades
"Por fin se disipan las dudas"
Representantes del mundo de la economía social de Euskadi han acogido con satisfacción, por lo que supone de reconocimiento del sector, una ley que incluye la futura creación de un catálogo de entidades y la posibilidad de estar representadas en los órganos de participación institucional de las administraciones de las comunidades autónomas que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales.
El director del Observatorio Vasco de Economía Social (Gezki), Baleren Bakaikoa, valora que "por fin se disipan las dudas de qué entidades pueden formar parte de este sector, porque antes de la ley se pensaba solo en las cooperativas y las sociedades laborales pero ahora se ha seguido la línea de las corrientes europeas, mirando más a los principios que persiguen". Bakaikoa pone el ejemplo del grupo Gureak, formado por sociedades anónimas pero que persiguen fines totalmente sociales.
El representante de Gezki -organización que ha participado en la elaboración de la norma a través del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa- recuerda que las entidades de la economía social "generan empleo más estable que cualquier otro tipo de empresa que solo busca dar respuesta a sus accionistas". Asimismo, afirma que "si no hubiese sido por la economía social la crisis actual habría sido mucho peor en Euskadi, donde las cooperativas aportan el 16% del empleo industrial".
Bakaikoa indica que, después de haberse aprobado la ley, "ahora queda que los ejecutivos estatal, autonómico y las diputaciones impulsen la economía social a través de la fiscalidad -por ejemplo, introduciendo desgravaciones por empleo neto generado- o realizando en las contrataciones públicas una discriminación positiva para con las empresas que cumplan con los principios que recoge la norma".
El presidente de Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfe-koop), Patxi Ormazabal, dice que la nueva norma es "un reconocimiento a nuestra labor diaria y una lucecita en el debate que tenemos con el Gobierno Vasco respecto a Lanbide", en referencia a la reclamación efectuada por este tipo de empresas para participar en las políticas de empleo en la CAV. En ese sentido, Ormazabal valora que la nueva ley admita capacidad de representatividad a las entidades de la economía social, algo que "antes se reconocía de boquilla porque, en la práctica, a la hora de desarrollar políticas públicas no se escuchaba nuestra voz".
El responsable de Konfekoop -organización que ha participado también en los trabajos previos de la ley a través de Cepes (Confederación Empresarial Española de la Economía Social)- lamenta que a los sindicatos "les parece bien que estemos representados en los organismos pero ven a las cooperativas como algo ajeno en las que, sin embargo, les gustaría estar".
Cambio en la economía
"Un antes y un después"
Juan Mari Concha, presidente de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi (Erkide) y representante de la Corporación Mondragón en Konfekoop, asegura que "esta ley va a ser un antes y un después en la economía social" y augura que "dentro de unos cinco años se producirá una evolución importante en la sociedad". Según cree, "en este momento el cambio de la economía solo puede venir del autoempleo colectivo, de la participación de los trabajadores, del cumplimiento de unos principios que en estos años no se han seguido y es lo que ha originado la actual crisis".
El representante de Erkide muestra su descontento por el tratamiento que la ley da a la representatividad de las entidades de la economía social. "Me habría gustado que se hubiera plasmado de una forma más concreta, más exigente, más ejecutiva, una cuestión que nos afecta directamente pues, para conseguir lo mismo que patronal y sindicatos las cooperativas tenemos que hacer el mismo esfuerzo pero multiplicado por diez", critica.
Respecto a las posibles medidas de impulso del sector, Concha prefiere que la ley no haya concretado acciones en ese sentido porque "no se habría aprobado si hubiese introducido elementos de fiscalidad; hay que tener en cuenta que las cooperativas no nos ponemos de acuerdo entre nosotras hacia dónde tenemos que ir en materia de tributación".
La norma incluye entre las entidades de economía social a las sociedades laborales, empresas de capital cuya propiedad recae en los trabajadores. Josetxo Hernández, gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE), subraya la importancia de la norma validada por el Congreso en tanto que "llevábamos treinta años hablando de economía social y cada uno hacía una interpretación propia; ahora será lo que marca la ley".
Hernández admite que "aunque filosóficamente e ideológicamente coincidimos con el resto de entidades de economía social, desde el punto de vista formal no dejamos de ser sociedades de capital" pero matiza que "buscamos una distribución equitativa de capital y beneficios" y recuerda que Asle representa a 309 empresas en las que trabajan 7.110 personas.
