BILBAO. Dentro del contencioso judicial, en varios frentes, que mantienen Iberdrola y ACS en relación al intento de la empresa presidida por Florentino Pérez de entrar en el consejo de administración de la eléctrica pese al rechazo de la mayoría de accionistas de éstas, ayer la compañía vasca no logró la suspensión cautelar de la conocida como enmienda Florentino.

El Tribunal Supremo rechazó la petición de Iberdrola de suspender cautelarmente la obligación de eliminar las limitaciones de los derechos de voto en empresas cotizadas, incluida en la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, hasta que se resuelva el recurso que la eléctrica de Bilbao interpuso contra esta normativa.

La resolución del tribunal, con fecha de 3 de enero, rechaza también la otra medida solicitada por los abogados de Iberdrola en la que se requería que no se aplicase a la compañía esta norma en tanto se tramita su recurso.

El Supremo niega así las medidas cautelares que Iberdrola pidió cuando el pasado 1 de septiembre presentó su recurso contra la enmienda Florentino, que evitaba que una compañía pudiese limitar a un 10%, éste es el caso, los derechos de voto de un accionista en las juntas independientemente del capital que posean.