MADRID. El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Iberdrola de que se suspenda cautelarmente, en su caso, la aplicación de la nueva ley antiblindaje, que impide a las sociedades cotizadas limitar los derechos de voto de sus accionistas, con lo que la eléctrica pretendía evitar la entrada de ACS en su Consejo.
En un auto publicado hoy por el Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha pedido también que la constructora que preside Florentino Pérez, principal accionista de Iberdrola con el 20% de su capital, se persone en el plazo de 9 días en el proceso para resolver definitivamente el recurso de Iberdola.
El Supremo asegura que no puede acceder a la pretensión de la eléctrica porque, al ser una ley, supondría "una grave perturbación de los intereses públicos en general", y asegura que tampoco queda suficientemente acreditada "la irreparabilidad o irreversibilidad de los perjuicios" que Iberdrola aducía para pedir la suspensión cautelar.
