Vitoria. Consumidores, autónomos y pequeños empresarios ya han calculado cuánto les supondrá la subida de la luz aprobada por el Gobierno español y están alarmados y preocupados. El encarecimiento en casi un 10% de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la contratada por familias y pymes con menos de 10 kilovatios de potencia, y del 3,9% en la tarifa regulada del gas a partir del próximo 1 de enero no ha sido bien recibida por las asociaciones y colectivos que representan a los más de 20 millones de clientes afectados. Mientras los partidos de la oposición piden explicaciones a Industria, algunas organizaciones preparan acciones de protesta ante una de las subidas de precios más fuertes de los últimos años, que llega en un momento especialmente delicado para las economías domésticas y los pequeños negocios. En general, los sectores más críticos con la subida acusan al Gabinete Zapatero de "plegarse" a los intereses de las compañías eléctricas y olvidarse de las necesidades de familias y trabajadores.

Según los cálculos de la asociación de consumidores Facua, con la nueva subida de la luz el usuario medio (que consume 270 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW) pagará cerca de 220 euros anuales más que en 2007. Facua estima que si la subida para el usuario medio sin discriminación horaria es de un 10%, como ha anunciado el Gobierno, pasaría a abonar 56,43 euros, alrededor de cinco euros más que en la actualidad. No obstante, la asociación advierte de que el incremento podría ser muy superior. Para un usuario con un nivel de consumo más alto, 500 kWh mensuales, la subida en cuatro años habrá representado unos 390 euros anuales.

Por lo que respecta a los pequeños negocios, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que los comercios experimentarán un encarecimiento de su recibo eléctrico de 120 euros al año, mientras que en el caso de las pymes con algún tipo de actividad industrial la subida será de 240 euros anuales. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que "esto va a ser un duro golpe para los autónomos", cuya economía "ya está suficientemente castigada". Este "nuevo sablazo" sitúa en el 20% el encarecimiento del recibo en apenas doce meses, recordó.

Pero Facua no se ha limitado a advertir a los consumidores sobre la subida que sufrirá su recibo de la luz, también ha convocado una movilización ciudadana mediante el envío, a través de su página en internet, de cartas de protesta al presidente del Gobierno. Según Facua, esta subida de tarifas responde a una política energética del Gobierno "plegada a los intereses de las eléctricas" y supone un encarecimiento "desproporcionado" que evidencia que la política energética del Ejecutivo de Zapatero es "contraria a los derechos e intereses de los consumidores" y está "plegada a intereses empresariales". Facua recordó que la tarifa eléctrica ha subido casi un 50% en los últimos cuatro años y denunció "la falta de control" que, en su opinión, existe sobre "las irregularidades que cometen las eléctricas".

Por su parte, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae) destacó que la subida de la luz y del gas afectarán "de lleno" a la sociedad y repercutirán en la reducción "aún más" del consumo y en la paralización del crecimiento. La organización destacó que estas subidas "suponen un incremento medio de 3,2 euros al mes por consumidor" y advirtió de que este incremento en los gastos, al reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, paralizará el consumo y supondrá la pérdida de autónomos y pequeñas empresas.

Explicaciones de Sebastián Desde el ámbito político, el PP solicitó la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, en el Congreso para que explique las razones de decretar "en plena crisis económica" la "mayor subida de las tarifas eléctricas reguladas de los últimos 28 años". El propio Miguel Sebastián pidió comparecer ante la Comisión de Industria para explicar las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia energética.

De momento sus argumentos no convencen a los consumidores. "Hay que hacer algo, se trata de una agresión a los ciudadanos y sus bolsillos. El problema no es la subida de este trimestre, es la acumulación", resaltó el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván. No le parece aceptable que el ministro de Industria esté utilizando "mentiras estadísticas". Y añadió que "están diciendo que supone una subida media de 3,2 euros. Pero eso es teniendo en cuenta todos los contratos, incluyendo muchos pisos vacíos. Lo que paga una familia normal, en el momento que tiene una serie de electrodomésticos, no baja de los cincuenta euros, y va a ser mucho más". Los precios no se adecuan a la oferta y la demanda, sino que son "pactados por las empresas". En este sentido, Oliván aclaró que, "no es que lo diga yo, sino el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia", dice. "No sabemos a qué precio se estará vendiendo a Francia, imagino que más barata, porque allí la luz no es tan cara. Nuestros precios están por encima de la media europea, pagamos más que los italianos o los franceses".

Por el contrario, tanto el Gobierno como las eléctricas insisten en que la medida era necesaria para acercar el coste real de la producción eléctrica a su precio final. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, explicó que la subida era una decisión "necesaria" para evitar que aumente el déficit tarifario, que roza los 20.000 millones de euros. Chaves argumentó que con esta medida se trata de reparar el déficit tarifario, "una hipoteca que el Gobierno del PP firmó en nombre de los consumidores, sin que estos lo supieran y que mensualmente se les cobra".