madrid. Elevar la edad legal de jubilación en España de 65 a 67 años es una "buena medida" pero, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reforma tiene que ir "más lejos ante los retos del envejecimiento". El organismo que vela por los intereses económicos de los países desarrollados (se conoce como el Club de los países ricos) marca dos caminos a seguir: o aumentar hasta los 70 años la edad de jubilación o subir de 15 a 35 años (o incluso a toda la vida laboral) el periodo mínimo de cotización para poder acceder al máximo de las pensiones.

Según la OCDE el sistema de pensiones en España "es demasiado generoso" ya que las pagas a los jubilados representan, de media, en torno al 80% del salario que cobraban, "un porcentaje más elevado que en los países de su entorno", explicó a la prensa Andrés Fuentes, delegado de la OCDE, en la presentación del informe específico de esta organización sobre España.La necesidad de endurecer aún más el sistema de pensiones se sustenta en que entre 2030 y 2060 "los gastos derivados del envejecimiento demográfico progresarán al doble que en el conjunto de los países de la OCDE". Esto es "inviable" para esta organización que considera además que la reforma tiene que incorporar "medidas de ahorro", como el fin de los incentivos para la prejubilación.

Los autores del estudio se mostraron también críticos con la reforma laboral aprobada en septiembre, porque "hay mucho margen de interpretación judicial sobre si un despido es procedente o improcedente", y eso contribuye a la incertidumbre sobre si finalmente contribuirá a la reducción "sustancial" de las indemnizaciones para los contratos fijos. Y es que rebajar los costes de despido para las empresas ha de ser, según la OCDE, la base de esa reforma. Anita Wolfl, una de las redactoras del informe, culpó de la gran volatilidad en el empleo en España a la "dualidad" del mercado de trabajo entre contratos temporales y fijos, y se quejó de que en España "las empresas tienen pocas posibilidades de reaccionar a los choques" económicos por la escasa capacidad de adecuar los salarios al margen de la negociación colectiva. La solución: Rebajar el poder de negociación de los agentes sociales y aumentar la discrecionalidad con la que puedan actuar las empresas para mantener sus márgenes de beneficio.