madrid. Guardó silencio durante toda la crisis aérea. Rodríguez Zapatero rompió ayer ese mutismo. Y lo hizo, no sólo para reafirmarse en el acierto de la decisión de decretar el estado de alarma, sino que además, no descartó ampliar los quince días establecidos para esta situación tan excepcional. "En función de cómo evolucionen las circunstancias el Gobierno tomará la decisión oportuna sobre la prórroga de esta medida", respondió Zapatero a las preguntas de los periodistas.

Ayer el Congreso de los Diputados celebraba el 32 aniversario de la Constitución española. Políticos de ámbito estatal y autonómico se dieron cita en la habitual recepción en la Cámara Alta, y la huelga salvaje acaparó las conversaciones y comparecencias tanto de los miembros del Gobierno como de la oposición. Tres días después de que estallara la crisis, con la situación controlada y los aeropuertos asentándose en una normalidad cada vez más real, ahora queda la duda de qué pasará una vez venzan las dos semanas de estado de alarma y si una nueva huelga encubierta colapsará el cielo español en plenas navidades.

Tal y como afirmó ayer Zapatero, el Gobierno no descarta esa prórroga, y en los pasillos del Congreso, en los habituales corrillos, varios ministros comentaron que todavía es pronto para saber si será necesario prolongar el estado de alarma y coincidieron en que ahora hay que dar "tiempo al tiempo" y esperar a ver cómo reaccionan los controladores y sus sindicatos. En cualquier caso, si el Ejecutivo decide ampliar esos quince días, tendrá que contar con el apoyo del Congreso. Así, Zapatero destacó ayer ante los periodistas que será muy importante el discurso que ofrezcan tanto el PP como el resto de fuerzas políticas el próximo jueves, que será cuando el presidente español dé cuenta ante la cámara de la decisión adoptada por el Ejecutivo.

Se trata de una situación sin precedentes en democracia y serán muy relevantes las posiciones que fije cada grupo parlamentario. Por ahora, Zapatero cuenta con el apoyo del principal líder de la oposición, el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer se limitó a expresar su acuerdo con la medida pero volvió a reincidir en que el Gobierno debe explicar cómo se llegó a la situación vivida este fin de semana. Fue todo lo que la prensa pudo sacar del popular, que se limitó a ofrecer una brevísima comparecencia sin preguntas y esquivó las cuestiones planteadas en los corrillos. Pero tampoco faltaron las voces críticas.

Por ejemplo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por haber aprobado el viernes, en el comienzo del puente, el decreto que regula la jornada laboral de los controladores, ya que tuvo lugar en el momento menos oportuno, un argumento que el PP lleva esgrimiendo desde que estallara la crisis.

Para el presidente gallego, esta norma podría perfectamente haberse aprobado el día 8, terminado el puente, o después de las vacaciones navideñas. Gaspar Llamazares, diputado de IU, fue una de las pocas voces que ayer se escucharon en los pasillos de la Cámara en contra de la medida del Gobierno. Afirmó que esa decisión constituye un "abuso constitucional", y criticó la militarización del control del espacio aéreo y ha pedido al Gobierno que levante ya la medida. Pero el Gabinete de Zapatero cerró filas en torno al establecimiento del estado de alarma. El propio presidente español defendía el procedimiento "El proceso de toma de decisiones, el quién, el cómo y el cuándo, ha sido acertado", aseguró. Así, destacó que, si se volviera a producir una situación de esta naturaleza, que confía no vuelva a repetirse, el Ejecutivo tendría "más capacidad de reacción".

Al margen de la lectura política de esta crisis, ayer los aeropuertos fueron acercándose aún más a su ritmo. Un total de 267 controladores de los 271 que tenían asignado turno de tarde estaban ayer en sus puestos, cifras que AENA calificó como normales. Ahora queda depurar responsabilidades. Por de pronto, la Fiscalía, por la vía penal, investigará "caso por caso" a en torno a 500 controladores, una cifra parecida al número de expedientes abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para ver si ha habido falta y establecer la gravedad de la sanción.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que están abiertas tanto la vía penal como la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia. Así, tanto el ministro de Justicia como el de Fomento, José Blanco, destacaron que "todo el peso de la ley" recaerá sobre los responsables del caos aéreo, y Blanco hizo hincapié en que no tienen la misma responsabilidad los trabajadores de base que los directivos del sindicato.