vitoria. Días después de que la dirección de Saunier Duval presentara ante la consejería de Trabajo un ERE de extinción para 80 de sus trabajadores en la planta de Júndiz, la administración pública ha interrupido el proceso y ha solicitado a la compañía información más detallada de su situación económica y financiera para autorizar, o no, el ERE presentado. Mientras tanto, el plazo de consultas abierto el pasado 27 de mayo -justo un día después de la presentación del expediente- ha quedado interrumpido a la espera de que esa información extra sea entregada en Lakua.
Hasta entonces, las negociaciones entre los trabajadores y la dirección siguen su curso. El último encuentro se produjo el pasado miércoles, con un único punto en el orden del día: la presentación al comité de empresa de la consultoría especializada en recolocación de personal que Saunier ha contratado para buscar una nueva ocupación a los 80 despidos de su planta alavesa. Esta medida forma parte del plan social que la compañía quiere desarrollar en los próximos meses para mitigar los efectos de tan traumática decisión. "Cuanto antes nos pongamos de acuerdo en este asunto, antes podrá empezar esta empresa a buscar un nuevo empleo a los damnificados", señaló ayer a DNA un portavoz de la compañía.
consultora de recolocación La consultoría en cuestión es MOA-BPI, una filial de la multinacional BPI, fundada en 1984 en París y que cuenta con 1.500 trabajadores repartidos por una docena de países de Europa, Norte de África y Sudamérica, así como en EE UU y Rusia. En España el grupo ha trabajado recientemente en el cierre de la línea de rueda de la fábrica de Michelin en Aranda de Duero (Burgos), que afectó a 450 personas, y también ha participado en reestructuraciones en Navarra (Danone), Euskadi (Panrico) o Altadis. A pesar de esta carta de presentación, la plantilla sigue desestimando cualquier medida que no redunde en el empleo. "Exigimos un plan industrial porque seguimos pensando que somos rentables", sostiene un portavoz de ELA.
