El Consejo de Gobierno aprobó ayer, a propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, destinar un total de 5,2 millones de euros a ayudas a la formación de trabajadores afectados por un ERE que conlleve la suspensión del contrato de trabajo. Las ayudas van destinadas a la financiación de los planes formativos presentados por las empresas, así como a subvenciones individuales para los trabajadores que participen en dichos planes para mejorar su cualificación profesional. El Ejecutivo explicó que la medida tiene un carácter preventivo, ya que el incentivo económico a la formación que reciben los trabajadores afectados por un ERE suspensivo es "un instrumento de refuerzo para garantizar la eficacia de este programa como medida que evite que tras el ERE suspensivo, empresa y trabajadores se vean abocados a un ERE de extinción de las relaciones laborales". Además, se busca mejorar la cualificación de los trabajadores y con ello la competitividad de las empresas.
