madrid. Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada.
Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses.
Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5% al trimestre y que desde julio de este año son del 20% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Industria apuntaron que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.
Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos. En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran "malos pagadores" y no les ofrecen contratos por morosos.
