La banca está desarrollando estrategias financieras y tecnológicas que muchas veces las hacen poco accesibles a determinados colectivos. Las personas mayores y las discapacitadas son dos de los más afectados por esta creciente digitalización. Las entidades están tomando medidas para que puedan acceder a unos servicios cada vez más digitales, pero siguen siendo insuficientes.
Las autoridades han dado un paso adelante y los bancos y entidades financieras que operan en España deberán adaptar los cajeros automáticos que poner en marcha cambios en los servicios que ofrecen a clientes con movilidad o funcionalidad reducidas para cumplir con seis directivas europeas y que quedan recogidas en la nueva ley de accesibilidad. El objetivo de éstas es facilitar el acceso de pensionistas y personas con alguna discapacidad a estas terminales de pago y a los servicios que ofrecen las entidades bancarias como hipotecas, créditos o transferencias de dinero en los cajeros automáticos.
En definitiva, deberán adaptar sus aplicaciones, dispositivos y sistemas para que la información pueda ser entendida por todos los usuarios independientemente de su edad, condición o capacitación.
Según informan Cinco Días y Noticiastrabajo, la nueva normativa busca fomentar la inclusión financiera para que personas con discapacidad o mayores puedan acceder de forma autónoma a los servicios y productos bancarios, incluyendo a los que las entidades financieras ofrecen por medio del comercio electrónico.
Los legisladores pretenden fomentar la inclusión como medida indispensable para que todas aquellas personas que “tienen alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, o relacionada con la edad o problemas en el funcionamiento del cuerpo humano” no se encuentran con barreras que dificultan su acceso a la prestación o contratación de algunos productos y servicios financieros.
Los cambios afectarán entidades financieras y proveedoras de terminales como cajeros automáticos, terminales de pago, máquinas expendedoras de billetes y monedas, y lectores electrónicos, que tendrán que estar adaptados en dos años.
También a las empresas que presten servicios de asesoramiento económico y/o financiero, gestión de fondos, compra-venta de valores, formalización de créditos, préstamos hipotecarios, gestión de inversiones, comercio electrónico.
Así, bancos y entidades financieras o de comercio electrónico tendrán que modificar sus protocolos para mejorar la accesibilidad de aquellos productos y servicios que constituyan un impedimento a discapacitados y personas mayores con unos requisitos muy claros.
La información deberá darse por un canal sensorial, es decir por escrito, voz y táctil, incluso en cajeros automáticos.
Debe ser fácil de entender y manejar y los procesos sencillos y adaptados a estos colectivos.
La letra debe tener unos tipos y tamaños lo suficientemente grande para que poder ser leída por las personas de mayor edad.
Los métodos de identificación, firmas electrónicas, servicios de pago, seguridad deben ser fácilmente perceptibles, funcionales, entendibles y fáciles de interpretar para poder operar con garantías.
La forma de explicar la información a los usuarios no debe superar el nivel de complejidad europeo B2, lo que representa un nivel intermedio-alto.
La ley comenzará a aplicarse a partir del 28 de junio de 2025 para los nuevos productos y servicios finnacieros. Para aquellos terminales que ya estén funcionando tendrán hasta el 29 de junio de 2030 de periodo de adaptación.
En el caso de que las entidades bancarias o proveedores de servicios financieros incumplan la normativa o los plazos establecidos para los cambios, afrontarán multas que van desde los 300 al millón de euros.
La mayoría de las entidades bancarias están dando pasos para facilitar la accesibilidad de discapacitados y personas mayores, pero esta nueva normativa va más allá y la mejorará todavía más.
