bilbao. Veinte clubes profesionales han optado por acogerse a la Ley Concursal, una norma prevista en sociedades que están en una situación patrimonial muy comprometida y que no pueden atender de manera regular a sus pagos.

Presidentes como el del Deportivo, César Augusto Lendoiro, han puesto el grito en el cielo por el agravio comparativo que dicha ley establece con quienes cumplen, lo cual, argumenta, le ha costado al equipo gallego perder competitividad y bajar a Segunda División.

Pese a sus quejas y la de otros en parecida situación, el pasado martes la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) se limitó a aprobar un Reglamento de Control Económico que se empezará a aplicar desde la próxima temporada; aunque su presidente, José Luis Astiazaran, señaló que representa "un camino que empieza ya y que acabará dentro de tres años", y conducirá a "un equilibrio entre ingresos y gastos, regulado por un departamento de control".

La nueva normativa contempla la posibilidad de sanciones económicas, la imposibilidad de inscribir jugadores, y en casos muy graves que se quiten puntos y se aplique la pérdida de categoría.

Pero está por ver si los clubes cumplen, cambian sus hábitos y certifican estos acuerdos. Para combatir semejante desbarajuste económico, la única esperanza racional está en la UEFA, al menos con los clubes que quieran competir en Europa.

Además, la Liga analizó la posibilidad de aplicar un canon a las emisoras de radio para la transmisión de partidos, analizando diferentes formas como por audiencia o territorio y siguiendo un modelo que ya se aplica en Alemania o Italia.