- A primera hora de ayer en el Palacio de la Provincia, y tras la concentración de protesta celebrada el jueves por la mañana en el exterior de Artium, la diputada de Cultura Ana del Val y una representación de los trabajadores del museo mantuvieron una primera reunión para intentar encontrar puntos de acuerdo con la idea de resolver el conflicto surgido a raíz de las condiciones que establece el nuevo concurso que el centro de arte contemporáneo ha puesto en marcha en torno a la prestación del servicio de atención al público.

Por de pronto, esta primera toma de contacto sirvió para que ambas partes -cabe recordar que Del Val es también vicepresidenta del Patronato y presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Artium- se emplazasen a un nuevo encuentro que se llevará a cabo a primeros de septiembre y que, de hecho, ya tiene fecha fijada. Desde la "prudencia", parece que por lo menos hay una puerta abierta al diálogo e intención de poder encontrar soluciones, más allá de las complicaciones que puede suponer el hecho de que el concurso ya esté abierto y que esté cumpliendo con sus plazos.

A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, en principio la idea de la parte sindical, como explicaron el jueves en la concentración desde ELA, es aprovechar agosto para socializar el conflicto nacido a raíz de la publicación de las bases para licitar un nuevo concurso sobre el servicio de auxiliares de atención al público. Según los trabajadores, la licitación contempla una reducción del presupuesto del 20% con respecto al concurso anterior, celebrado en 2018, lo que se va a traducir en desaparición de puestos de trabajo y en más carga de trabajo para el personal. Ante esta situación, además, se han convocado tres días de huelga (4, 9 y 11 de septiembre), que será indefinida desde el 15.

Por su parte, el pasado miércoles, el museo hizo pública una nota de prensa en la que apuntó que en el nuevo concurso, en relación al precio-hora establecido para licitación, "éste es un 5% superior al que resultó en la adjudicación del concurso de 2018". Además, defendió que los cambios organizativos planteados "no afectan al empleo y tampoco a las condiciones de trabajo".