BARCELONA. En medio de una gran expectación mediática, con una veintena de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos a las puertas de la vivienda, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha llegado minutos después de las diez de la mañana, acompañado del secretario judicial y la fiscal del caso.
Antes de las diez de la mañana ha llegado también al domicilio de Caballé su abogado, Santiago Ayesta, recibido por numerosos periodistas que esperaban en la puerta de la vivienda de la diva, situada en un edificio de la Avinguda Josep Tarradellas, al lado de la estación de Sants, construido en los años 60.
El juez se ha presentado en el domicilio después de que la forense comprobara que Caballé tiene la movilidad limitada por problemas de salud y por su avanzada edad, 81 años.
La soprano ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros de los 508.462 que se le acusa de hacer defraudado en su declaración de IRPF correspondiente al año 2010, simulando tener residencia andorrana.
No obstante, Caballé está tratando de reunir la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.
La diva deberá pagar el total de dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente -que según el Código Penal oscila entre dos y seis veces la cantidad defraudada-, para pactar con la Fiscalía una rebaja en la condena por el delito de fraude fiscal y, de esa forma, evitar la celebración del juicio.
