Cultura deja pendientes el canon digital y el Reglamento de la Ley Sinde

La reforma del canon digital tuvo como fecha tope inicial el pasado junio, después de que el Gobierno acordara con el PP que adaptaría antes de ese mes su regulación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. El tribunal declaró que la aplicación indiscriminada del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, no era conforme con el derecho comunitario. Posteriormente, la Audiencia Nacional anuló la orden ministerial del canon digital al considerar que, al ser un reglamento, deberían haberse realizado determinados trámites que no se llevaron a cabo. El Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que estaba ultimando la nueva regulación sobre el canon que debía adaptarse a la directiva que preparaba la Comisión Europea y que, finalmente, no ha podido llegar al Consejo de Ministros. Tampoco el Reglamento que desarrolla la Ley Sinde ha visto la luz al finalizar la legislatura. Después de que se aprobara la norma que permite por orden judicial el cierre de webs de descarga de contenidos ilegales, se inició su desarrollo normativo a través de un reglamento, que ha sido sometido a consulta. En esta norma se regula el funcionamiento técnico de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano que ejercerá las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Y la reforma de Ley de Propiedad Intelectual tampoco ha llegado a tiempo al Consejo de Ministros. A raíz de la crisis en la SGAE, la ministra anunció una modificación parcial de la ley que impidiera a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles. El pasado 19 de julio y antes de que se adelantara la convocatoria de las elecciones, el Congreso aprobó una moción del grupo popular en la que se instaba al Gobierno a presentar, antes de finalizar octubre, una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.