Madrid. La Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo del Ministerio de Cultura que decidirá las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet, sólo actuará a partir de denuncias. Así lo afirmó ayer la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible establece que este órgano administrativo decidirá la interrupción de la prestación del servicio de Internet, hasta ahora una potestad exclusiva de un juez y que no contemplaba la protección de la propiedad intelectual. "La Comisión sólo actuará por petición expresa de una parte. Es decir: si alguien denuncia que una página web que está traficando, difundiendo sin permiso, sin licencia, sin remuneración con contenidos de obras ajenas, en ese momento actuará", dijo la titular de Cultura.
La Comisión de Propiedad Intelectual aceptará esas denuncias, las revisará y "si hay derechos de los ciudadanos que están en ese caso implicados", los derivará a un juez. En realidad, este órgano ya existe, pero verá ampliadas sus competencias en un nuevo reglamento.
González-Sinde reiteró que las medidas contra la piratería recogidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible sólo afectarán a las páginas web "concentradoras" que se apropien de contenidos ajenos, no a los usuarios. "Los derechos de todos los ciudadanos están garantizados", indicó.
no es "buena idea" El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, señaló también ayer que a los usuarios de la red no les parece "buena idea" que un comité o una comisión decida "lo que es o no legal".
Subrayó que una de las máximas preocupaciones de los usuarios es "evitar que sean los jueces los que diluciden quién espía las comunicaciones, quién puede entrar en la privacidad de los usuarios y quién dictamina qué es libertad de expresión y qué no eleva el asunto (de la propiedad intelectual) a una categoría de casi derecho fundamental".
Esto, recordó, se había usado hasta ahora para resolver temas de "máxima seguridad, de terrorismo o de pederastia, es decir, muy graves, pero no lo vemos para la propiedad intelectual". "Lo que no tenemos claro y la ministra, o no lo sabe o, si lo sabe, lo esta ocultando es que el primer enlazador es Google, y no creo que vayan a ilegalizar Google".
En este sentido, diferentes iniciativas se pusieron en marcha ayer mismo a través de Internet para movilizar a los usuarios en contra de las intenciones del Gobierno de Madrid.
