Los facciosos… (I)

Son los culpables de la ruptura de las negociaciones de canje general de detenidos, ancianos, enfermos, mujeres y niños”. Así reza el documento redactado por el entonces llamado Gobierno Provisional de Euzkadi, que analizó el incumplimiento por parte de los sublevados franquistas de los compromisos adquiridos con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el ejecutivo vasco para la humanización de la guerra civil.

Tan solo tres días después de haberse constituido el 7 de octubre de 1936 el primer gabinete vasco (nacionalistas vascos, socialistas, comunistas y republicanos) tras la aprobación del Estatuto de Autonomía para Araba Bizkaia y Gipuzkoa –de nada habían servido las últimas gestiones de José Antonio Agirre y Manuel Irujo para sugerir una modificación del dictamen legislativo y participar así a Navarra–, el gobierno del lehendakari Agirre Lekube aceptó de buen grado la propuesta del organismo humanitario mundial para restar barbarie y crueldad a la contienda bélica y ofrecer un escenario pactado de respeto a los elementales derechos humanos. Así fue cómo, oficializando las gestiones previas llevadas a cabo cerca de la Junta de Defensa de Bizkaia, se firmó el pacto de humanización bélica.

Aquel acuerdo a tres bandas (Gobierno Vasco, CICR y rebeldes franquistas) dio lugar a que el ejecutivo Agirre, el día 11 de octubre, acordara poner en libertad a todas las mujeres “y entregarlas –una vez explorada su voluntad–, a bordo de buques de S.M. Británica para que las condujesen a territorio de la República francesa con todas las garantías”. En virtud de dicha decisión, 113 mujeres fueron trasladadas por la flota inglesa (navíos “Esk” y “Exmouth”) al puerto de Donibane Lohitzun y otras muchas resultaron liberadas con derecho a vivir en territorio gobernado por el gabinete vasco. Todo ello, supervisado por el CICR (Dr. Junod), la Embajada de la República de Argentina en España (Daniel García Mansilla) y el Cónsul de Inglaterra en Bilbao (Mr. Stevenson). Como prueba fidedigna de compromiso humanitario, el Gobierno Provisional Vasco, quiso dejar constancia en el informe que envió el 23 de noviembre de 1936 al CICR, que durante su estancia en prisión, ninguna mujer fue ejecutada, ni murió por enfermedad a causa de encarcelamiento, ni vejada. Asimismo, certificó que no hubo caso alguno de violación de mujeres en territorio sometido a jurisdicción del Gobierno Vasco, “habiéndose castigado severamente a un teniente de Milicias por un intento”.

Pero aquel acuerdo pronto fue incumplido por parte fascista, generando una profunda indignación en la parte institucional vasca y gran indefensión en la ciudadanía inerme. El ejecutivo vasco había constatado que en territorio faccioso, eran incontables los casos de vejaciones de mujeres, sometidas a trabajos forzados y «paseadas por las calles con el cabello cortado haciendo ostentación de distintivos contrarios a sus opiniones políticas». Si esto fuera poco, se certificaron fusilamientos de mujeres en la zona rebelde, como es el caso de la madre política «de don Ricardo Urondo, Secretario general del Departamento de Obras Públicas del Gobierno Provisional Vasco, llamada doña Dominica Artola, de sesenta y cinco años de edad, la cual se encontraba enferma en el Hospital de San Sebastián».

Las autoridades vascas mostraban en su escrito su pesar y estupefacción por los fusilamientos en masa como los que se habían producido en Iruña con un saldo de cerca de cien muertos, por los crímenes contra sacerdotes y religiosos que atentaban contra el más básico sentido de humanidad y por los saqueos sistemáticos de domicilios particulares de los leales a las instituciones legítima y democráticamente elegidas por el pueblo.

No obstante aquellas denuncias de incumplimiento flagrante por parte del franquismo, el Gobierno de Euzkadi, “deseoso de secundar los anhelos de humanización perseguidos por la Cruz Roja Internacional”, siguió manteniendo firmes los acuerdos inicialmente sellados a la par que concretaba nuevas disposiciones que ampliaban el alcance de los mismos.

A propuesta del gobierno Agirre, se reunieron en el consulado español de Baiona el 3 de diciembre de 1936, el diputado abertzale Julio Jauregui, como representante del Gobierno de Euzkadi y el donostiarra Álvaro Caro, Conde de Torrubia, como enviado de la franquista Junta de Salamanca, a fin de establecer un canje general de rehenes que incluyera los siguientes aspectos: libertad para todos los ciudadanos detenidos y no beligerantes de cualquier edad de Araba Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, tanto en territorio republicano como insurrecto y traslado a la zona que ellos elijan, así como libre salida del territorio en el que estén para enfermos, mujeres y menores de dieciséis años. El convenio, que fue ratificado por el Gobierno de Euzkadi el 17 de diciembre, preveía para su gestión, el arbitraje conjunto del Obispo de Bayona y del Embajador de Inglaterra en España “cuyo fallo será inapelable”.

El 19 de diciembre, el lehendakari Agirre dio un paso más, designando una comisión gubernamental vasca para ampliar las negociaciones con el CICR y llegar a un acuerdo sobre “situación de prisioneros políticos y transferencia de personas civiles ajenas a la contienda que tiene lugar en el territorio vasco”. Además de Julio Jauregui, los representantes vascos fueron Francisco de Basterrechea (magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales), Ernesto Ercoreca (alcalde de Bilbao), Fermín Ortega y Pedro Trimborn.

La gestión humanizadora del Gobierno Vasco era compartida por todas las corrientes políticas representadas en su seno, pero en el caso del PNV, a esta formación le movía además una consolidada ideología humanista y humanitarista cristiana de consciencia del sufrimiento de los desfavorecidos y de respeto escrupuloso a todos los derechos humanos sin reparar en ideologías, clase social, procedencia, raza o religión.

Aparte de los beneficios directos que de su aplicación se derivaría, la política de humanización de la guerra, buscaba asimismo modificar la imagen de Euzkadi en la esfera internacional, imagen lastrada por la violencia antirreligiosa practicada por fuerzas republicanas en amplias zonas por ellos controladas.

El 1 de enero de 1937, en reunión mantenida en el ayuntamiento de Donibane Lohitzun, los representantes vascos se encontraron con la incomparecencia de la delegación franquista y escucharon con perplejidad cómo el Dr. Junod, delegado del CICR, les transmitía las numerosas discrepancias de los rebeldes para con el acuerdo de canje general de presos y población civil. A ello se sumaba el problema de los bombardeos fascistas contra las poblaciones civiles abiertas, ataques que , indudablemente, contravenían las cláusulas de la Convención de Ginebra.

Pero no obstante, en aras a facilitar un acuerdo a toda costa, la Comisión vasca decidió esperar unos días. Y el día 5 de enero de 1937 el temor se hizo realidad. A través de Junod, los franquistas hicieron llegar una comunicación por la que rehusaban “todo acuerdo de canje de presos y población civil, ya que ello constituía un privilegio para el pueblo vasco”; mostraban su opción de facilitar un futurible acuerdo de canje con el gobierno español republicano con sede en Valencia y no  descartaban acuerdos puntuales de canje con los vascos “individualmente o por grupos pequeños”.

La parte vasca no tardó en denunciar los obstáculos que habían derivado en el fracaso de las negociaciones. Por un lado, las dilaciones de determinadas comandancias militares republicanas a la hora de facilitar al Gobierno de Euzkadi listas de presos, envío que consideraron respondía a un trato de favor con los detenidos del campo vasco, “surgiendo familiares de detenidos en Madrid, Valencia, etc., que veían con malos ojos el canje vasco por no abarcar a sus deudos”. Por otro, las opuestas tendencias existentes en el aparato gubernamental faccioso: una primera, conformada por los miembros de la Oficina Diplomática de la Junta de Salamanca, todos civiles y de mayoría vasca (Baraibar, Aznar, Sangroniz) partidarios decididos del canje, y, una segunda compuesta por los elementos del brazo militar y otros civiles, enemigos acérrimos del acuerdo, a quienes tampoco interesaban los detenidos de derechas de Bilbao.

Y, finalmente, los facciosos, no satisfechos con haber roto toda posibilidad de materializar un canje general humanitario, dieron otra vuelta de tuerca a la escalada de crueldad. Y así, haciendo caso omiso al principio de regularización de la guerra que obliga a que ésta se desarrolle en exclusiva entre beligerantes, lanzaron a las carreteras a través de las líneas de fuego y como medida coactiva «a masas de mujeres y niños, en los que no existe asomo de culpabilidad».

Esto es el fascismo, deshumanización y crimen. No olvidarlo y combatirlo siempre ha de ser una prioridad nacional.