El espacio central del Euskera

Dicho espacio se sustenta en una visión plurilingüística que reconoce la realidad bilingüe de Euskadi y que afronta el proceso de normalización del euskera como instrumento para superar su actual estado de minorización.

Han pasado 44 años desde la aprobación de la Ley del Euskera, y parece que, desgraciadamente, algunos consensos básicos que se establecieron entonces se están poniendo cada vez más en cuestión. Sin embargo, los argumentos para hacerlo no son en absoluto nuevos.

Ya en los albores de la democracia moderna, la Revolución francesa eligió una estructura política concreta: el Estado nación. Y una estrategia clara: la centralización administrativa y la homogeneización cultural y lingüística.

Uno de los principales impulsores de aquello fue el Abate Grégoire, que presentó el 4 de junio de 1794 ante la Convención Nacional un Informe sobre la necesidad y los medios de aniquilar los dialectos (patois) y universalizar el uso del francés.

Por contextualizar: en la época de la Revolución la diversidad lingüística era grande en Francia. En concreto, existían más de ocho lenguas pujantes en el Estado galo. Al igual que ocurre con los euskalkis aquí, en cada dialecto existía una gran pluralidad, a la que las personas ilustradas llamaban despectivamente patois.

Los jacobinos consideraban que la diversidad lingüística era un obstáculo para la expansión de la Revolución y comenzaron a imponer el francés como única lengua.

¿Qué hizo el Abate Grégoire? Con la excusa de la aniquilación de los patois inició un proceso de destrucción de todas las lenguas, entre ellas el euskera. Antes de esta etapa, Francia era un Estado plurilingüe y plurinacional. La Revolución, por el contrario, impuso una única nación (la Patrie) y una única lengua.

En el informe que realizó el Abate Grégoire se planteaban preguntas como “¿la gente de tu tierra tiene su propio patois?”, “¿se puede utilizar para expresar conceptos intelectuales o solo sirve para expresar obscenidades o palabras feas?”, “¿la gente del territorio es patriota?”, y, lo más importante: “¿cómo se pueden eliminar sus patois?”.

Como se ve, el patriotismo y la imposición del francés iban de la mano ya desde el inicio de la Revolución francesa.

Un siglo después, la Tercera República estableció una estrategia eficaz para llevar a cabo estos objetivos: un sistema educativo obligatorio en toda Francia exclusivamente en francés. Esto produjo un cambio radical: el francés se convirtió en una lengua hegemónica y las lenguas minoritarias entraron en estado de diglosia. Algunas prácticamente desaparecieron. Se puede observar la paradoja, por lo tanto, de que la transformación política y social que generó el sistema actual de libertades arrasó de modo brutal e inmisericorde la riqueza cultural y lingüística de Francia.

Un proceso similar se vivió en los siglos XVIII y XIX en el Estado español. El castellano era la única lengua del nuevo Estado nación que surgió a partir de las Cortes de Cádiz de 1812. Y, como en Francia, el sistema educativo se utilizó para destruir las demás lenguas (no hay más que ver El Libro Negro del Euskera de Torrealdai).

Hoy en día, en Francia sigue vigente el principio general de “una lengua nacional”: el francés es la única lengua oficial. Pero la Constitución española no asimiló este principio. Es cierto que en su artículo 3.º estableció que el castellano es la única lengua que todos los españoles tienen el deber de conocer. Pero, al mismo tiempo, estableció el principio de que las demás lenguas del Estado español sean oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.

Este es el soporte jurídico que el Estatuto de Gernika y la Ley del Euskera de 1982 utilizaron para convertir el bilingüismo en un principio político fundamental. Esos años asistieron a la estructuración de un espacio central en torno a la normalización del euskera.

Koldo Mitxelena señaló muy bien dicho espacio central cuando hablaba de dos extremos: por un lado, la posición a favor de la diglosia y, por tanto, a favor de perpetuar la situación de minorización del euskera y, por otro, el gueto, es decir, la defensa del euskera desde una perspectiva monolingüe.

El espacio central que propone Mitxelena se basa en la convivencia de las lenguas y en la necesidad de que el euskera encuentre su lugar para asegurar su permanencia y crecimiento.

El mismo razonamiento tiene el padre de la sociolingüística, Joshua Fishman, quien afirmó en 2011 que, para responder a las complejas sociedades que la globalización ha creado en todo el mundo, hay que construir comunidades plurilingües y multiculturales y que para ello es fundamental que las lenguas minorizadas tengan garantizada su casa.

Ese es precisamente el objetivo de la ley de 1982, que establece que los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos deben garantizarse en todos los ámbitos de la sociedad. Para empezar, hay que garantizarlos en sus relaciones con la administración pública, pero también en sus relaciones a nivel social. Y reconoce al euskera como elemento integrador de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi.

En ese sentido, el proceso de euskaldunización de la administración pública vasca es fundamental para que el euskera asegure su permanencia y crecimiento. Por un lado, porque es un ‘arnasgune’ para quienes de otra manera no pueden hablar en euskera y, por otro, porque la administración tiene una gran importancia a la hora de liderar el proceso de normalización.

Llevamos más de 44 años de euskaldunización progresiva de nuestra administración, que ha logrado avances importantes como, por ejemplo, que en 30 años se haya pasado de un 34% de funcionarios vascos con un perfil lingüístico acreditado al 90% actual. Este es el camino a seguir, y es el que hemos seguido al modificar la Ley de Empleo Público que aprobamos en el Parlamento Vasco el pasado 25 de junio.

Las voces que denuncian la supuesta “imposición” del euskera en las OPE lo que pretenden de facto es que el euskera permanezca para siempre en esta situación de minorización y de diglosia.

Pero no olvidemos que el espacio central de la sociedad vasca y su representación abrumadoramente mayoritaria en nuestro Parlamento abogan firmemente por continuar con el proceso de normalización lingüística y por establecer una convivencia equilibrada entre nuestras dos lenguas oficiales. Todo ello en un contexto de profunda transformación social y demográfica que requiere profundizar en aquella idea fundamental de la Ley del Euskera que considera al euskera como el elemento integrador de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi.