El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves reducir la protección al lobo en las comunidades al norte del Duero. No tengo empacho en reconocer que lo hizo por la puerta de atrás, a través de una enmienda incorporada en el Senado a la Ley de desperdicio alimentario, que acabó siendo una de esas poco recomendables normas ómnibus. Lo que ocurre es que la filigrana parlamentaria era la respuesta a otra trampichuela, si cabe, menos defendible. Como recordaba en los diarios de Grupo Noticias el sabio del sector primario Xabier Iraola, en la Cámara Baja está atascada una proposición de ley específica sobre este asunto porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa impide su tramitación a sabiendas de que existe una aritmética suficiente para sacarla adelante. Argucias parlamentarias aparte, si vamos al meollo de la cuestión planteada, volvemos a encontrarnos con que forma parte del amplísimo catálogo de materias cuyo debate sosegado resulta imposible porque están sometidas al barro de las demagogias cruzadas. O, peor en este caso, de los discursos extremos y extremistas. Desde luego, es una barbaridad el canto a los escopeteros de Vox y la parte más brava del PP, que cada vez es mayor, pero tampoco son de recibo los discursos que niegan la evidencia y tachan de asesinos a los ganaderos que piden protección para sus rebaños, es decir, para su sustento. A riesgo de ser tildado nuevamente como tibio equidistante, me atrevo a opinar que lo más aproximado a la verdad está en el medio. Sin negar que lo aprobado puede ser mejorable, parece obvio que resulta una solución atemperada a un gran problema para el sector primario. Ni remotamente se trata de abrir la barra libre de la cacería de los lobos ni de poner en peligro su conservación. Deberían tenerlo claro especialmente quienes se proclaman defensores de los baserritarras y hacen grandes loas a lo rural. Para comentario aparte, la más que llamativa abstención de EH Bildu.