Tarde y regular, se ha alcanzado un acuerdo que garantiza una mayoría parlamentaria suficiente –por los pelos, como siempre– para introducir un cambio en la ley de extranjería que permita una distribución justa de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades del Estado. Casi provoca sonrojo que haya que legislar sobre un asunto en el que la solidaridad debería ir de oficio. O, sin tener que apelar al altruismo, sobre una cuestión que tendría que atender a criterios puramente objetivos.
Porque provoca una mezcla de bochorno e indignación ver cómo comunidades gobernadas por políticos que gustan de tildar de privilegiados a los territorios forales llevan años escaqueándose de la acogida de niños y adolescentes extranjeros. Como justificación, sostienen que carecen de instalaciones adecuadas. ¡Nos ha jorobado mayo! Si no las construyen, seguirán sin tenerlas.
Pero todo es empeorable. Varios dirigentes del PP ya ni tiran de excusas y muestran su oposición a hacerse cargo de la cuota que les toca a través de soflamas indisimuladamente xenófobas. La madrileña Díaz Ayuso, el murciano López Miras y el aragonés Azcón llevan un tiempo deslizándose por esa liana, aunque, desde el pasado lunes, quien encabeza con traineras de distancia la clasificación general del racismo genovés es el valenciano Carlos Mazón. Se diría que su pacto con el demonio Vox a cambio de conservar la poltrona unas semanas más ha sido más bien una abducción.
Y volvió a notarse en el desparpajo (rozando lo inhumano) con el que el comensal de El Ventorro aseguró que Valencia no daría cobijo a un solo menor extranjero más. Esperemos que la nueva norma contemple mecanismos para poner en su sitio a quienes pretendan pasársela por el arco del triunfo. Por lo demás, confiemos, por difícil que sea, en que este primer y todavía muy insuficiente paso se acompañe de muchos otros que huyan de la doble demagogia cruzada en tan delicada materia.