muchos de los mismos a los que se les llena la boca denunciando causas judiciales abiertas a partir de recortes de periódico se enfurruñan cuando se les recuerda que aquí, en el terruño, impulsaron un montaje tirando de los mismos principios. Es decir, falta de principios, que es una cualidad que atesoran por arrobas los que luego tienen las santas pelotas de repartir certificados de pureza democrática y de cantarnos las mañanas, las tardes y las noches con monsergas sobre la dignidad. Pues ya que estamos, habrá que decir que es un congo de indigno seguir hablando de filtraciones, sin anteponer siquiera el “presuntas”, en los titulares que dan cuenta, justamente, del cierre de la investigación judicial sobre la OPE de Osakidetza de 2016-2017. Tras 165 páginas trufadas de lisérgicos testimonios, su señoría acaba concluyendo que “no ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados en las referidas especialidades llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes”. En román paladino, estas personas a las que se ha arrastrado por el fango –sí, la palabra favorita de los dignos que mencionaba arriba– quedan exoneradas tarde y mal de las tropelías que se les encalomaron. Claro que, como alcanzamos a sumar dos y dos, en realidad, no eran ellas las destinatarias de la ira de los Torquemadas de lance que echaron a rodar la bola de nieve, o sea, de mierda. Es triste pero revelador reconocer que, pese a esta resolución, las piezas principales de la cacería fueron cobradas. El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, y algunos miembros de su equipo optaron por inmolarse en la plena consciencia de que, aun no habiendo hecho nada, su permanencia sería vilmente utilizada para el acoso y derribo al gobierno y, de modo más concreto, a la sanidad pública vasca, auténtico objetivo de las maniobras. Nadie les va a pedir perdón. Ni a la ciudadanía.
