El 21 de diciembre pasado, dos soldados del Ejército español que realizaban maniobras en Cerro Muriano murieron ahogados en una laguna a la que el capitán al mando les ordenó introducirse en pleno invierno y con el agua a unos cuatro grados. Algunos –incluido uno de los que falleció– llevaban en la mochila un sobrepeso de hasta 12 kilos como “castigo”. Un abogado relata que el capitán les dijo que había que hacer ese ejercicio “en circunstancias duras, como en la guerra”. Si es verdad que en teoría los soldados se preparan para la guerra, hemos visto suficientes películas para imaginar la escena que ideó este Clint Eastwood de pacotilla: “No dudará en aplicar los más expeditivos métodos para lograr convertirlos en lo que se espera de ellos, unos auténticos marines de los EEUU, llegando incluso a la humillación personal para conseguir sacar a la luz lo mejor de ellos”, nos advierte la sinopsis de la famosa El sargento de hierro. No voy a entrar en los hechos, bastante elocuentes, ni en el funcionamiento del Ejército. Pero sí en una cuestión muy reveladora y es que la investigación y la causa por estas muertes las va a llevar a cabo la justicia militar, tras inhibirse –ojo a esto– el Juzgado de Instrucción de Córdoba. Aunque hay quien sostiene que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música –o sea, una mierda, con perdón– de lo que no cabe duda es de que existe. Sigue asentada en la Constitución que acaba de eliminar a los “disminuidos”. Existe una justicia militar diferenciada de la justicia civil. Existe un Código Penal Militar. Que, por cierto, solo alcanza para acusar al capitán de homicidio por imprudencia y no de homicidio doloso, como denuncian los abogados de las familias de los soldados muertos. Existe una Ley Procesal Militar y una jurisdicción militar vinculada a “la Defensa nacional”. ¿Y lo de la santa igualdad para todos los españoles? ¿Se rompe España por estos privilegios? Solo cuando Euskadi, por ejemplo, reclama una justicia propia, que eso sí es un “escándalo”. Un país en el que, como reiteró el otro día el lehendakari Urkullu, es imposible celebrar un juicio en una de sus lenguas oficiales.