La expresión inglesa Bleeding Heart hace referencia a personas crédulas, ingenuas que creen todo lo que se les dice. No parece que este tipo de personalidad se adecúe a las frecuentes declaraciones de Feijóo que luego se demuestran falsas.
En relación al sistema público de pensiones, lo que Feijóo denomina eufemísticamente una corrección, encubre una mentira que desveló la periodista Silvia Intxaurrondo, demostrándole documentalmente que lo que el líder del PP afirmaba –que siempre habían crecido las pensiones bajo los mandatos de PP de forma exacta al IPC– era falso.
Yo también estoy legitimado para afirmar que Feijóo mentía. En el año 2012 era portavoz del Pacto de Toledo e intenté oponerme a lo que el PP denominó “reformas paramétricas del sistema de pensiones” (no hay como usar expresiones sofisticadas para encubrir la verdad). Estas reformas consistían en incrementar progresivamente la edad de jubilación; en desvincular el crecimiento de las pensiones del IPC y en establecer un denominado factor de sostenibilidad que vinculaba a las nuevas pensiones a las expectativas de vida establecidas por el INE, lo que ya suponía, al crecer dichas expectativas, una disminución lineal del 10% de las pensiones.
El crecimiento desde el año 2012 al 2016 de las pensiones fue del 0,25%. En términos nominales, el crecimiento para la mayoría de las pensiones fue de 6 a 10 euros. Conozco muchos pensionistas que acudieron a la Tesorería a devolver en monedas tan generoso incremento. Esto es lo que negaba Feijóo. Soraya Sáenz de Santamaría en comparecencia parlamentaria afirmó que las reformas constituían exigencias de la UE. Nunca existieron esas exigencias.
No es fácil reformar el sistema de pensiones. El Gobierno español, con fecha 15 de enero de 2018, elaboró un informe de 872 folios para reformar el Sistema Público de pensiones, cuya decadencia obliga al ministro Escrivá a hacer más cuentas que una calculadora. Como suele ser habitual, el informe se ha caracterizado por su nula efectividad. Por ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está planteando nuevas fórmulas que puedan ayudar a las sostenibilidad del sistema.
Lo que ha hecho bien este gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan es derogar la agresión que supuso en el año 2013 el factor de sostenibilidad, que implicaba que en el año 2019 todos los pensionistas iban a sufrir un recorte lineal del 15% de sus pensiones. Como las expectativas de vida crecen las pensiones disminuyen y la desindexación que supone desvincular el crecimiento de las pensiones del crecimiento del IPC. Esto ha posibilitado un incremento de las pensiones del 8,5%.
El objetivo de tener 20 millones de empleados, que evocaba el concepto de utopía del filósofo uruguayo Eduardo Galeano, se ha cumplido. En este momento el número de cotizantes a la Seguridad Social es de 21.180.287. Es un buen dato pero no suficiente por sí solo.
La última propuesta que insinúa el ministro, cada vez con menos eufemismos, consiste en la posibilidad de que los trabajadores puedan utilizar toda su vida laboral para el cómputo de su pensión. Esta propuesta es reversible en cuanto a su utilidad, si como podemos sospechar, la posibilidad de opción del trabajador se va a convertir en una obligación. El efecto de la utilización de toda la vida laboral consiste en que un trabajador inicia su incorporación al mercado de trabajo con bases de cotización más bajas que las últimas de su vida laboral, con lo cual el efecto aritmético consistirá en una nueva reducción de la pensión, al incorporar a su cálculo bases más bajas de cotización. Esta opción puede provocar un quebranto de hasta un 35% de algunas pensiones en función de las previsiones de la Fundación BBVA.
Incrementar las bases de cotización de 15 a 25 años puede ser razonable en términos financieros, pero no lo es en términos constitucionales. Entre los 15 y los 25 años existen 10 que pueden impedir el acceso a la pensión de jubilación de los que antes la consolidaban con 15 años de cotización. Esta medida afecta peligrosamente a los jóvenes, dada la discontinuidad de la duración de su trabajo, el 52% de los trabajos de las personas jóvenes –entre 15 a 29 años– empleadas en España en 2021 fueron temporales, según los datos actualizados recientemente publicados en Eurostat. Es la cifra más alta de toda Europa.
También la medida afecta peligrosamente a los desempleados de larga duración, mayores de 45 años cuyo reingreso en el mercado de trabajo es compleja. Las dificultades para encontrar empleo han provocado la aprobación de ayudas a estos desempleados que experimentarán un cambio importante en el año 2022. Esta modificación consiste en la creación de un nuevo subsidio de 463 euros que unifica las que existían antes.
Destopar las pensiones máximas también se va a encontrar con dificultades de constitucionalidad. El tope de las pensiones máximas supone una manifestación de la ruptura de un principio de contributividad puro, el Gobierno, en la Ley de Presupuestos del Estado fija cada año una cuantía máxima de las pensiones; cuantía que actúa como tope.
En todo caso, el ministro, antes de filtrar a los medios de comunicación medidas, debería plantearlas en el Pacto de Toledo, negociarlas con los interlocutores sociales y no olvidar que la gestión del régimen económico de la seguridad social es una competencia de Euskadi prevista en el Estatuto de Autonomía, en su Disposición Transitoria V; artículo 10/12; artículo 10/23, artículo 10/29 y artículo 18, que atribuyen a las instituciones vascas la gestión de régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio.
Todo un reto para la próxima legislatura, afianzar financieramente el sistema público de pensiones. Este sí que es un pacto de Estado necesario y que debe obviar el debate partidista, si no se demuestra altura el futuro de nuestras pensiones y las de nuestros hijos será como tirar una moneda al aire.
Jurista
