Hace un par de años, escribíamos aquí sobre la plaga que representan los encargos públicos “a dedo” que caen en manos de artistas llamativos, quienes intervienen sin ninguna consideración en espacios de interés. La falta de concursos públicos y asesoramiento especializado permite que los políticos elijan a su antojo a un artista que les agrade para “embellecer” un espacio que les parece soso. Pues, en resumen, ni el dinero ni el espacio les pertenece realmente. Y todo siempre queda más “guay” si lleva colorines.

Recordemos como en 2020 el Ayuntamiento de Iruña de Oca encomendaba a la artista Irantzu Lekue la tarea de crear un mural colaborativo en la fachada de su centro cívico. Este edificio había sido seleccionado para representar a España en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2004. A pesar de la oposición de los arquitectos alaveses y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el proyecto se llevó a cabo sin contar en ningún momento con la autorización de los creadores originales, quienes ni siquiera fueron informados sobre la existencia de ese llamativo mural. Ante las legítimas quejas, el alcalde de Nanclares, ajeno a la idea de que un edificio pudiese tener autoría, manifestó su sorpresa de que este tema tuviera la osadía de acaparar los titulares en medio de la pandemia y todas sus desgracias. Como era de esperar, los costes del proceso judicial o de restauración del edificio a su estado original no recaerán sobre él, sino sobre los contribuyentes.

En este país, donde el sentido común y la protección del patrimonio arquitectónico parecen haberse evaporado, se supone que la Ley de Propiedad Intelectual debería salvaguardar la creación arquitectónica. Por tal motivo, el poder judicial ha blandido su látigo y ha propinado un duro golpe al Ayuntamiento de Iruña de Oca. Aunque la sentencia aún no sea firme y exista la posibilidad de un recurso, la Justicia ha sido contundente en su fallo: el municipio debe borrar sin contemplaciones el mural creado por la muralista Irantzu Lekue de la fachada del centro cívico.

Roberto Ercilla, uno de los arquitectos responsables de la obra, ha recibido con satisfacción este fallo respecto a una intervención que, según la sentencia, “nunca debería haber ocurrido”. Considera que representa un importante “avance en la protección de la arquitectura contemporánea”, aunque también es consciente de las dificultades que conlleva eliminar el mural del edificio. Tal vez en la sentencia debería haberse incluido una cláusula especial que convirtiera a los miembros del Consistorio de Iruña de la Oca en operarios de limpieza, para que, con el sudor de su frente, pudieran enmendar ese error que ellos mismos cometieron. Eso sí, al igual que el mural se realizó de manera colaborativa, quizás los vecinos de La Oca también puedan sumarse y echarles una mano. Todo ello en aras de que adelgazar la factura pertinente que, suponemos, costará más que la realización en su día del colorista mural.