Estos días y como consecuencia de un intervención pública del lehendakari, ha cobrado relevancia pública la cuestión del Poder Judicial propio.
Posiblemente, no exista capítulo más importante y definitorio de lo que queremos ser como país que el relativo al Poder Judicial, porque dicho poder está llamado a asegurar la libertad individual y los derechos de las personas.
Probablemente, el catálogo de derechos y libertades que se planteen, siendo importantes, no podrán en juego el estado democrático, sino que lo asentarán, lo que no ocurrirá según con qué poder judicial nos encontremos. De ahí la importancia de la forma de elección de sus miembros, de la independencia real de los mismos y de la existencia de una real y efectiva separación de poderes. La judicatura no puede ser la caja de resonancia del gobierno de turno ni estandarte de sus arbitrios.
Para entender bien lo que se plantea es preciso hacer algo de historia. En nuestro país, a pesar de la existencia del principio general del juez natural, muchos de nuestros ciudadanos han sido juzgados por tribunales especiales creados ad hoc, y en ocasiones, haciendo posible que la competencia se les atribuya retorciendo hasta el infinito los preceptos legales existentes. A esos tribunales se les ha facultado introduciendo dentro de la legalidad ordinaria tal posibilidad. Además, se han modificado las leyes para que se les prive de sus derechos fundamentales, se les incomunique y hemos oído muchas denuncias de malos tratos que han caído en el olvido hasta que los tribunales europeos y los informes realizados por las instituciones vascas los han reconocido. Pero se ha condenado a mucha gente con ello, se han extendido los tipos penales, hemos conocido resoluciones de Tribunales Europeos que nos han dicho que algunas personas han sido juzgadas por tribunales no imparciales, o que se les ha vulnerado su derecho a libre expresión de ideas, se han ilegalizado candidaturas vulnerando el derecho a la participación política, consiguiendo cambiar el juego democrático y las mayorías sociales. Aquí cerca, en nuestra comunidad, los ciudadanos euskaldunes, a pesar de tener reconocido el derecho a ser juzgados en nuestra lengua, en la práctica se ha convertido en un derecho imposible de ejercitar. No me puedo olvidar de las sentencias dictadas en cuestiones relativas a la violencia machista. Estos son algunos ejemplos pero seguramente a la lectora le vendrán más a la cabeza.
Este es un aspecto de la cuestión, pero hay otro importante que tiene que ver con las instituciones que en este momento tenemos. Tenemos un poder legislativo con capacidad normativa y con opciones de dictar leyes, pero la realidad nos ha demostrado que esa capacidad se limita, se recorta mediante resoluciones judiciales que se toman fuera de Euskal Herria.
Creo que es de señalar que, por lamentable que parezca, hay una opinión general de que el poder judicial en el Estado ha descarrilado, perdiendo el norte que marca su labor y que, en consecuencia, en muchos momentos no cumple su función sino que es aprovechado para otros fines político-partidistas. Solo así son entendibles las dificultades que hay para la renovación del Consejo de Poder Judicial.
La apuesta a favor de un poder judicial propio es una apuesta de futuro. Necesitamos un poder judicial propio con facultad jurisdiccional en todos los órdenes, con competencias plenas, con perspectiva feminista y euskaldun, con nuestro propio cuerpo de funcionarios y con una fiscalía que defienda nuestra legalidad.
El Estatuto de autonomía que sustenta nuestro modelo institucional no contempla esta posibilidad, pero la situación actual de nuestro país y la apuesta de crear una nación propia con todas sus instituciones y poderes unido al análisis de la realidad del poder judicial existente, nos obliga a plantear esta posibilidad para avanzar en la construcción de una sociedad vasca compuesta por hombres y mujeres libres, comprometida con los derechos y su ejercicio y con un sistema legal que lo garantice.
* Abogada
