no no es quien para dar recomendaciones a nadie y, mucho menos, a un país con más de mil años de historia a sus espaldas, pero aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, bien debería hacer reflexionar al Gobierno polaco de los riesgos que entraña una salida de la Unión Europea improvisada. El Reino Unido abandonó el club europeo de forma apresurada, con una mala negociación y hoy sufre desabastecimiento, falta de mano de obra y su unidad nacional en Irlanda del Norte se tambalea. Eso, un reino insular, potencia mundial en finanzas y comercio. Polonia es el Estado continental más dependiente de la UE, no solo por la trascendencia que sus fondos tienen en el desarrollo económico, sino por su situación geoestratégica como muro de contención de las pretensiones anexionistas de la Rusia de Putin. Por ello, el mero hecho de acuñar el Polexit como solución a los conflictos abiertos entre Varsovia y Bruselas tiene mucho de juego con fuego.

La reciente resolución del Tribunal Constitucional polaco que proclama la superioridad de las leyes polacas sobre el Tratado de la UE y, por tanto, sobre las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, es la gota que ha colmado el vaso de los incumplimientos de Polonia para con sus obligaciones europeas. Se trata de una decisión política, pues, la justicia polaca lleva años siendo intervenida por el Gobierno, que quita y pone jueces a su antojo. Un hecho por el que la Comisión Europea ya abrió expediente a Polonia como vulneración del artículo 7 del Tratado de Lisboa, por vulnerar el Estado de derecho y la separación de poderes, pieza clave de la arquitectura democrática. Bruselas ha abierto cuatro procedimientos de infracción en los últimos tres años a Polonia por sus reformas judiciales, para tratar de lograr que el Ejecutivo dé marcha atrás, entre otras medidas, a las reglas que otorgan al Tribunal Supremo competencia exclusiva para pronunciarse sobre la independencia judicial, y que exige a los jueces que divulguen información sobre sus actividades no profesionales, y amplían la noción de delito disciplinario.

Desde su transición democrática en 1989, Polonia inició un ciclo de crecimiento económico ininterrumpido. En apenas tres décadas, la economía polaca ha pasado del 45% al 73% de renta per cápita respecto a la media de la UE. Pero es desde su incorporación a la Unión, el 1 de mayo de 2004, cuando esa tendencia se acentúa más claramente. En comercio exterior destaca la dependencia de Polonia respecto al resto de Estados miembros de la UE, tanto en importaciones (69,5%, frente al 62,2% de media de la UE en 2019), como en exportaciones (79,8%, frente al 63,3% de media de la UE en 2019). Polonia fue el octavo Estado miembro (UE-28) en valor en exportaciones intracomunitarias y también octavo en importaciones intracomunitarias en 2019, siendo cómo no, su principal socio comercial Alemania. Además, en el ciclo 2014-2020, Polonia fue el país más beneficiado por los fondos estructurales europeos y debería recibir 40.000 millones de euros del fondo de recuperación Next Generation EU, ahora mismo en suspenso por el mecanismo de condicionalidad aplicado por Bruselas mientras no cumplan con el Tratado de la Unión.

El pulso lanzado por Varsovia tiene pocos visos de éxito. Es evidente que el gobierno ultranacionalista del PiS, el partido Ley y Justicia, ha aprovechado el aparente momento de debilidad europeo tras las elecciones alemanas que suponen la salida de Merkel y el semestre que ya se avecina en Francia de campaña de las presidenciales. Pero la realidad es que ninguna de las dos partes puede permitirse el lujo de romper amarras. Polonia fuera de la UE quedaría defensivamente al albur de las tensiones con Rusia y, económicamente, fuera del euro y con una Europa en transición ecológica tendría todas las de perder. Hay que recordar que los compromisos de sostenibilidad medioambiental europeos de descarbonización, obligan a Polonia al cierre de sus minas de carbón, que a fecha de hoy tiene un enorme peso en el PIB nacional y da empleo a más 100.000 trabajadores directos. Así las cosas, se trata de buscar soluciones dialogadas siempre dentro del margen que permiten los Tratados de la UE porque el cumplimiento de los valores y principios democráticos son innegociables y no pueden estar sometidos a chantajes.