a Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, encargada de emitir una recomendación acerca del Suplicatorio que el Tribunal Supremo español elevó a la Eurocámara ha votado esta semana a favor de retirar la inmunidad a los políticos catalanes, reclamados por la justicia española desde 2017. La votación ha revelado las discrepancias técnicas existentes en el seno de la misma, con un resultado final de quince votos a favor de conceder el suplicatorio (y por tanto levantar la inmunidad parlamentaria), ocho en contra y dos abstenciones.

Esta propuesta se elevará al pleno de la Eurocámara, cuyos 705 diputados deberán decidir hacia la primera quincena de marzo, en un sufragio que será secreto, si finalmente les retiran a Puigdemont, Comín y Ponsetí la protección o inmunidad parlamentaria de que gozan desde que tomaron posesión de sus actas de europarlamentarios a principios de 2020.

Si finalmente en marzo el pleno del Parlamento europea votara a favor de conceder el suplicatorio solicitado y levantar la inmunidad parlamentaria, ¿se activará de nuevo la Eurorden dictada contra ellos por el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, que los reclama para investigarlos y juzgarlos por su implicación en el procés? Sí, pero resulta difícil pensar que la misma prospere ante la justicia belga, por lo que podrán seguir con su actividad parlamentaria.

En una reciente decisión judicial y que marca un claro precedente de lo que podrá suceder con Puigdemont y Comín, el Tribunal de Apelación belga rechazó entregar a los tribunales españoles a Lluís Puig exconsejero catalán asentado en Bruselas.

Cabe recordar que los tribunales belgas han desestimado todas las órdenes europeas de detención y entrega (ODE) emitidas desde 2017 por el Tribunal Supremo español. Y aunque las ODE de Puigdemont y Comín están pendientes de la votación antes citada, el Tribunal belga tiene ya escrito el rechazo a las entregas de Puigdemont y Comín tras la sentencia firme denegando la entrega de Lluís Puig. Las razones del rechazo se centran en que no encuentra delito paralelo en Bélgica, en que aprecia "riesgo de vulneración de la presunción de inocencia", e incluso "violación de derechos fundamentales" en España. Y a ello se añade que la justicia belga niega competencia al TS para juzgar los hechos, asignando la misma al Tribunal Superior de Cataluña.

¿A qué responde este posicionamiento de los tribunales belgas? Pues en primer lugar tiene presente el rechazo que el propio Tribunal Supremo español decidió frente a la propuesta de entrega a España de Puigdemont que acordaron los jueces alemanes para ser juzgado por malversación. O, sin duda, pesa y mucho la forma de encauzar por parte del propio Tribunal Supremo el caso Junqueras.

En realidad, cabe recordarlo, todo empezó con el desatino punitivo de la querella de la Fiscalía general del Estado. Siguió con la instrucción de la jueza Lamela y posteriormente con la peculiar estrategia procesal del magistrado Llanera. La Justicia alemana devolvió el sentido común a la justicia cuando ésta se imparte con imparcialidad y afirmó que declarar la independencia no es constitutivo de un delito de Rebelión. Y sin embargo el magistrado del Supremo, Llanera, la jueza de la Audiencia Nacional Lamela y la Fiscalía General del Estado siguieron defendiendo lo indefendible.

Ahora, lo previsible es que la justicia belga, caso de que sea requerida para ello, denegará de nuevo la entrega a España de los políticos catalanes, que seguirán ejerciendo su representación como europarlamentarios; la justicia española cobrará una nueva derrota en Europa y desde sus tribunas mediáticas se exacerbará el victimismo y se alegará que se vulnera desde Bélgica su soberanía jurisdiccional española, todo ello olvidando que son, han sido sus propios errores como justicia española los que les han traído hasta aquí.