l nuevo año 2021 viene marcado en lo político por las elecciones catalanas convocadas bajo la incertidumbre derivada de la pandemia y de factores sorpresa y con ciertos riesgos políticos como la ya conocida como Operación Illa: el ministro no ha dudado en aceptar el liderazgo del partido a sabiendas de que dejar Sanidad en plena campaña de vacunación es un gesto por lo menos controvertido.

Todo lo que rodea a Catalunya en su dimensión política desde al menos hace tres años parece orientarse hacia la polarización. O conmigo o contra mí. Parece triunfar esa perversa dinámica que pretende orillar las identidades políticas múltiples y las intenta subsumir en una lógica de tipo binaria de simple y rápida comprensión, convertidos todos en una especia de ciudadanía tribalizada en atención a la opción política que ésta apoye.

Toda una suma de factores emocionales, jurídicos y políticos se entremezclan en el catártico desarrollo de la realidad catalana. El pacto es la única estrategia que podrá ayudar a encauzar el conflicto político catalán, pero además debe tenerse en cuenta que es una necesidad intrínseca o inherente a esa sociedad, caracterizada por su diversidad o heterogeneidad. Precisamente por eso el pacto ha de materializarse en una doble dirección: ha de trabajarse en favor de un pacto interno (entre catalanes) y externo.

A una semana vista de la jornada electoral los discursos de Illa como candidato parecen pretender liderar una especie de tercera vía frente a los extremos, al reconocer la existencia de responsabilidades compartidas en la duradera crisis catalana. Indirecta o tácitamente valida así la posible vía de los indultos, que podrían contribuir a la pacificación y al fortalecimiento de la convivencia social entre los propios catalanes, y además una opinión como la suya permite aceptar que contraponer y tratar de jerarquizar el principio democrático (tesis independentista) frente al principio de legalidad (tesis inmovilista) supone crear un falso conflicto entre dos principios en realidad indisociables y que deben coordinarse y adaptarse entre sí, autolimitándose recíprocamente.

El resumen de la oferta electoral podría concretarse en que Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, es el único que sigue defendiendo abiertamente la vía unilateral para lograr la secesión. La CUP comparte esta vía, pero se abre a tratar de forzar al Estado a aceptar un referéndum pactado sobre la independencia antes de 2025. Es un planteamiento que en parte comparte ERC y al que parece haber renunciado Catalunya en Comú Podem, que reivindica -preocupado ante la expectativa de un mal resultado electoral-, buscar su propio espacio y reclama ahora "fortalecer el autogobierno".

El PDeCAT también reclama un referéndum, pero con el reconocimiento internacional, y el nuevo Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) rechaza abiertamente la vía unilateral. El PSC, Ciudadanos y el PP coinciden en que hay que superar la etapa del gobierno independentista, aunque con importantes matices en su respectiva estrategia y en sus objetivos.

Los socialistas hablan de "tender puentes"; para Ciudadanos -que también disputa espacio político con el PSC y se muestra inquieto ante un más que previsible bajón electoral-, "los socialistas no son de fiar", y sostiene que lo importante es ofrecer a la sociedad "seguridad y estabilidad política"; y el PP afirma querer "lograr por primera vez la alternancia política". Por último, y con la expectativa de encuestas que estiman lograrán varios diputados, Vox reivindica "la libertad de millones de catalanes oprimidos por el separatismo y la ofensiva ideológica de la izquierda".

Pudiera parecer que la cuestión nacional ha quedado en parte hibernada frente a las urgencias provocadas por la crisis sanitaria, pero sin duda no ha desaparecido y está muy presente en la sociedad catalana. ¿Revalidará la mayoría absoluta en escaños la suma de todas las fuerzas independentistas y superarán éstas por primera vez su objetivo del 50% de los votos, o los ciudadanos catalanes antepondrán otras prioridades?