- Mañana, lunes, se cumplirán dos años del incendio que destruyó los pabellones agrícolas de Samaniego. Por razones que todavía no se han hecho públicas, aunque sí se ha confirmado que no hubo intencionalidad, quince pabellones, veinte tractores, un camión y toda la maquinaria y enseres agrarios, municipales y los de una empresa de carpintería metálica que se guardaban en esa zona en el barrio de las bodegas quedaron destruidos.

La situación que se generó en este pueblo que vive prácticamente del viñedo y del vino se acogió por parte de las administraciones con la gravedad que requería. Y buena muestra de ello fue que desde un primer momento acudieron a Samaniego tanto el diputado general, Ramiro González, con varios miembros de su gabinete, y el viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz, y representantes de las instituciones comarcal y local, como el presidente de la Cuadrilla, Joseba Fernández; del Consorcio de Aguas y varios alcaldes, entre ellos el de la localidad.

Una vez que pasó el momento de mayor peligro, los bomberos habilitaron un paso cercano para que tanto los propietarios como los representantes de instituciones pudieran ver el desastre que había causado el fuego y el riesgo inminente de que algunos pabellones se desmoronaran.

La adopción de medidas no se hizo esperar. El diputado general organizó allí mismo una reunión de autoridades en la sala de plenos del Consistorio de Samaniego y allí se establecieron las pautas para poder ayudar a los perjudicados, especialmente a quienes no tenían seguros para poder reconstruir lo perdido. De esta manera, se acordó estudiar que la Diputación Foral crease una línea de ayudas para la compra de maquinaria y enseres y el Gobierno Vasco aportaría recursos para reconstruir las naves.

No había transcurrido una semana del incendio cuando el lunes, 19 de noviembre, se puso en marcha en el Ayuntamiento una mesa para recoger datos de los bienes perdidos por el incendio y durante dos días se realizó un inventario de las consecuencias. El día 23 se celebró una nueva reunión en Samaniego, en la que estuvieron el entonces director de Equilibrio Territorial, Iñaki Gillerna, el alcalde, la secretaria municipal y los asesores jurídicos de las compañías aseguradoras, donde se valoró la forma de canalizar los apoyos a los propietarios, y tres días después, el 26, fueron las instituciones las que celebraron un encuentro para realizar un análisis de lo afectado y el encaje de la ayuda en cada una de ellas. A partir de ese momento se llevaron a cabo sesiones de trabajo de los técnicos en la Diputación Foral de Álava hasta el miércoles, día 12 de diciembre, día que se celebró un encuentro con los afectados para informarles de los apoyos que recibirán.

Según el inventario que se realizó, los 15 pabellones quedaron destruidos y entre los 12 propietarios que figuran como titulares, ya que algunos tenían dos pabellones, hay agricultores que guardaban maquinaria agrícola, bodegueros que contaban con plantas embotelladoras, una carpintería metálica y varios de uso mixto. Las pérdidas de maquinaria agrícola ascendían a 18 tractores de todos los tamaños, remolques, vendimiadoras, atomizadores, rotavatores y otros. En cuanto a equipamiento de bodega se perdieron máquinas embotelladoras, etiquetadoras y otros equipos relacionados con esa actividad. A todo esto se sumó la carpintería metálica y numerosos enseres, depósitos de gasoil y herramientas. Aunque en el informe no se citaba expresamente, también se perdieron los escenarios de la representación teatral de El lugar de Samaniego, que se puede ver cada dos años interpretada por vecinos de la comarca y hasta el burro de fiestas de la localidad, que cuelga en la plaza durante las jornadas patronales.

Por otra parte, la comarca también se movilizó en apoyo a estos vecinos de Samaniego. Desde la presidencia de la Cuadrilla se organizó un open de frontón con tres partidos cuya recaudación fue destinada al apoyo de los agricultores, y desde el Servicio de Animación Sociocultural se celebró una marcha por los caminos de Samaniego, cuya cuota de inscripción se destinó a los damnificados. A estas iniciativas se sumaron otras muchas, tanto municipales como particulares.

Mientras tanto, la Diputación y el Gobierno Vasco preparaban su programa de ayudas. A finales de enero de 2019, el diputado general confirmaba en un Consejo de Diputados celebrado en Ribabellosa que ya estaba redactada la norma foral para abonar, de momento, 950.000 euros a los afectados, aunque el libramiento de ese dinero estaba supeditado a su tramitación en Juntas Generales de Álava, ya que el presupuesto foral estaba prorrogado y se precisaba el visto bueno de la Cámara. De hecho, el gasto que realizará la Diputación se distribuyó en dos anualidades: una en 2019 por importe de 700.000 euros y la segunda en 2020, por 250.000. A esto se sumó la convocatoria de elecciones, que puso en funciones a la Diputación, a los junteros, a las cuadrillas y a los ayuntamientos. Por esa razón, hasta octubre de 2019, el Consejo de Diputados no pudo aprobar el gasto y tener capacidad para librar el dinero para inversiones en maquinaria por un importe de 950.000 euros.

Los primeros beneficiarios fueron 39 inversiones con unas subvenciones de casi 280.000 euros. En concreto, este primer grupo de propietarios de los pabellones quemados en Samaniego pudieron adquirir con aquella primera resolución de ayudas 12 tractores, trituradoras de restos vegetales, rotavatores, atomizadores, azufradoras, deshojadoras o prepodadoras, etc. Además, la Diputación también dio apoyo a la herrería destruida en el suceso, dotándola de una primera ayuda de casi 11.000 euros, un 35% de la inversión para comprar los utensilios necesarios para su puesta en marcha. A estas ayudas se sumaron otras, en agosto de este año, por un importe de 19.782 euros destinadas a tres propietarios, dos bodegas y un agricultor, para ayudarles en la adquisición de remolques, una despuntadora y un rotovator y a quienes se les concedió el 35% del presupuesto de compra. Queda aún por anunciar el reparto del resto del dinero, cuyo plazo final para solicitarlo terminó el 30 de octubre.

Hasta ahí los vecinos, según testimonios recogidos por este diario, no tienen ninguna queja. Otra cosa es el proceso de reconstrucción de los pabellones, que desde un primer momento se enfrentó a un problema urbanístico, ya que sus dimensiones no encajaban con lo que permite el Plan General de Samaniego. Esa fue la razón por la que, una vez constituida la comisión de propietarios, se tardó en decidir la demolición y cuando éste se ejecutó se mantuvieron las soleras hormigonadas que dan fe de su tamaño: la calle debía tener más anchura que los 13 metros que tiene en la actualidad. Eso significaba que los pabellones, que habían tenido 235 metros cuadrados cada uno, no podían superar ahora los 180 metros cuadrados, 55 metros menos.

El problema se llevó a la sesión plenaria del 18 de febrero de 2019, a petición de EH Bildu y el planteamiento que se hizo desde el Ayuntamiento, según consta en el acta de aquella jornada era buscar "un acuerdo para evitar la pérdida de superficie de construcción". En este punto por parte de Alcaldía se informa que con fecha 5 de febrero de 2019 se incorporó como arquitecto asesor municipal Alberto Julián Vigalondo y que será él la persona encargada de emitir los informes preceptivos. Por parte de un representante del PNV se informa de que según el criterio del anterior arquitecto Iñigo Melero se debería proceder a iniciar un procedimiento de modificación puntual de las normas subsidiarias existentes para no perder edificabilidad, lo que supone un procedimiento administrativo extenso en tiempo y acciones. O bien, esperar al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que está todavía en proceso de licitación y que será un procedimiento mucho más largo que el anterior. Como tercera opción, se propone estudiar la posibilidad de acudir a un informe jurídico favorable que permita reedificar los pabellones tal y como estaban por causa de siniestro. Por parte de Alcaldía se informa de que se encargará ese informe con la mayor celeridad posible "para ver si es posible hacerlo de esta forma y evitar acudir a modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias". Pese a los intentos de este diario no ha sido posible contactar con la alcaldesa para conocer su postura.

La realidad, y esto es lo que causa desesperanza entre los vecinos afectados, es que lo que hay en marcha son dos operaciones. Una es la modificación del Plan General, que está en una fase muy avanzada, y la otra es una modificación de las Normas Subsidiarias, que lleva una tramitación más lenta. En cualquier caso todo permanece parado. El acceso a la zona de los pabellones está cerrado con vallas y quienes disfrutaron de unas edificaciones muy dignas para desarrollar su trabajo se han tenido que buscar la vida alquilando otras lonjas o reutilizando otras en el interior del pueblo.