VITORIA - La continua inauguración de locales de apuestas ha elevado hasta 32 el número de recintos existentes en la capital alavesa destinados a ese fin. En la misma línea se dispara también la preocupación social por el potencial peligro que suponen como punto de atracción y enganche de las jóvenes generaciones hacia esta adictiva modalidad. La Avenida Gasteiz es el último punto elegido por las casas de apuestas para abrir un nuevo centro de este tipo. Esa inauguración coincidió en el tiempo con una moción aprobada, el 15 de noviembre, en el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz en la que se instaba a restringir la presencia de casas de apuestas a una distancia mayor de 300 metros radiales de los colegios y centros de salud. El texto salió adelante con los votos a favor de Elkarrekin, como partido que la propuso, junto a PNV, PSE, PP y la abstención de EH Bildu. El documento insta al Gobierno Vasco, competente en la materia, a modificar en su próxima revisión, parte del decreto 120/2016 denominado planificación de los juegos con el fin de frenar la concentración de locales de juego y apuestas cerca de centros educativos y de salud.
A la espera de que se concrete esa nueva regulación del marco jurídico vasco, otras autonomías como la madrileña o la navarra ya han anunciado hace escasa fechas la suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y específicos de apuestas, mientras estudian un profundo cambio normativo sobre la planificación de esta pujante actividad. Los casos de Madrid y Navarra son solo un par de ejemplos del camino regulador por el que se han sumergido las comunidades autónomas ante la proliferación de locales y, en algunos casos, para dar respuesta a lo que consideran una preocupación. Esta expansión del sector generó protestas vecinales en varias capitales del Estado el pasado mes de octubre. Hasta 168 organizaciones sociales, políticas y sindicales tomaron parte en una marcha en Madrid, que también se extendió a otros puntos de la geografía como Cartagena, Algeciras o A Coruña. Entre los límites al juego que las autonomías están aprobando destacan las distancias mínimas entre locales y respecto a los centros educativos. Se marcan también nuevos controles de acceso para evitar que los menores de edad puedan entrar al interior de los casas de apuestas.
medidas territoriales Los diferentes entes autonómicos se han puesto manos a la obra para frenar esta proliferación de lugares destinados a las apuestas. Navarra no autorizará hasta el próximo mes de abril nuevas aperturas de estos establecimientos. Cuenta la comunidad foral en su territorio con 62 locales, de los que medio centenar son salones de juego, nueve de apuestas y tres salas de bingo. Además la distancia obligatoria mínima que debe existir entre ellos se fija en los 400 metros.
La cercana La Rioja ultima su nueva legislación que tiene previsto restringir también las autorizaciones de nuevos negocios a lo largo del próximo medio año. Los permisos para salones de juego se limitarán a un máximo de 34, mientras en de tiendas de apuestas será de 8.
En Galicia son muchos los meses en los que se lleva articulando y dando forma a la nueve legislación. Tratan de actualizar las autoridades de aquella comunidad la normativa anterior y adaptarla a los nuevos tiempos y modelos de juego. Contempla incluir aspectos novedosos relativos a distancias entre establecimientos y centros escolares o de rehabilitación de personas con ludopatía. También se regulará la cantidad de los salones de juego, tiendas de apuestas, bingos y casinos que se pueden instalar en aquella comunidad. En la actualidad hay repartidos por Galicia un total de 160 bingos.
En la región de Murcia, su ejecutivo lleva a cabo desde hace 15 meses una modificación de la normativa y desde septiembre de 2018 tiene suspendida la concesión de licencias. La intención es establecer una distancia mínima de 500 metros entre los salones de apuestas con respecto a centros educativos y de 1.000 metros entre estos locales. Este espacio aumenta de manera considerable teniendo en cuenta que estaba fijado en los 400 anteriormente. La regulación conlleva también fuertes sanciones económicas como los hasta 300.000 euros que se pueden imponer a este tipo de locales en caso de encontrar a un menor de edad jugando en su interior. Extremadura dio luz verde el pasado febrero al decreto ley para el fomento del juego responsable. Modifica y actualiza una norma vigente desde 1998 y, entre otros aspectos, establece una distancia mínima de 300 metros entre las casas de apuestas y escuelas, prohibe el acceso al juego a menores, personas inscritas en el registro de limitaciones de acceso y a los colectivos implicados en los eventos deportivos sobre los que se realice la apuesta, y se establece un régimen de sanciones.
En Castilla y León, donde se estima que hay un centenar de casas de apuestas, el gobierno autonómico modificó la ley del juego en septiembre de 2018, de modo que igualó a 100 metros la que debe separar los locales de juego a centros escolares y a 300 metros la distancia que deben guardar entre sí; y se estableció un control de acceso, con previa identificación personal y bloqueo de aparatos, cuando se pretenda jugar a máquinas con premios de importe superior a las máquinas instaladas en hostelería y a las apuestas, evitando con ello el juego de los menores de edad y de las personas que lo tienen prohibido. El recorrido efectuado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA concluye en Baleares. Se contabilizan 149 salones de juego con máquinas tipo B (5.054) y 4 casinos. Allí, el Gobierno regional anunció en septiembre su intención de regular la proliferación de casas de apuestas e implantar herramientas tecnológicas que ayuden a la vigilancia y a la protección de población de riesgo en el juego online.
hasta 450.000 euros de sanción En esta última comunidad, las sanciones graves por permitir la entrada a menores en salones de juego o personas que tengan prohibido el juego oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros, mientras que las multas más graves, para quienes dejen jugar a estos colectivos, pueden alcanzar los 450.000 euros. También se fijan distancias mínimas de 100 metros a centros de enseñanza, zonas infantiles y a centros permanentes de atención a menores; y de 500 metros en Palma y 250 metros en otros municipios, a otros salones de juego ya autorizados o en tramitación.
Cantabria también quiere endurecer la Ley del Juego ante el aumento de jugadores y la proliferación de locales de juego. Plantea aumentar la tasa de las apuestas en dos puntos, del 10 al 12%, y distancias mínimas de 500 metros entre los locales y centros educativos y de 250 metros en el caso de centros de rehabilitación de juego patológico.
