Laudio Goikoa suspende la asignatura de seguridad

El sindicato ELA ha solicitado al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la entrega de la evaluación de riesgos y de toda la documentación preventiva relacionada con el edificio Laudio Goikoa, tras detectar graves deficiencias que afectan a la seguridad de personal y estudiantes. Entre los problemas más preocupantes destaca la presencia de amianto en uno de los pabellones del centro. A ello se suman una instalación eléctrica obsoleta, incidencias en la calidad del agua por presencia de níquel, aseos inutilizables, la ausencia de ascensor y el deterioro de elementos de seguridad como las barandillas.

La preocupación es especialmente relevante porque el edificio (antiguo instituto Gregorio Marañón del barrio Ugarte, actualmente adscrito al IES Laudio) acoge tanto al alumnado de Formación Profesional como al Aula de Aprendizaje de Tareas, lo que hace imprescindible garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad y habitabilidad.

Aunque hace unas semanas el Departamento de Educación anunció el cierre del edificio, finalmente, tras una intensa movilización ciudadana en contra de la medida, ha decidido mantener la actividad académica mientras se ejecutan las obras de restauración. Sin embargo, todavía no ha concretado cómo se compatibilizarán las clases con los trabajos previstos, una situación que está generando incertidumbre en la comunidad educativa.

ELA recuerda que los distintos equipos directivos del IES Laudio vienen reclamando actuaciones de reparación y mejora desde 2013. Pese a las intervenciones realizadas hasta la fecha, estas han sido insuficientes para resolver los problemas existentes.

Inversión de calado

De hecho, representantes del propio Departamento de Educación han reconocido públicamente que el edificio requiere importantes inversiones (cerca de dos millones) para poder ofrecer unas condiciones adecuadas.

Ante esta situación, el sindicato exige acceder a la evaluación de riesgos vigente y a sus actualizaciones, conocer la planificación preventiva derivada de dicha evaluación, recibir los informes técnicos sobre el estado del edificio y obtener información detallada sobre las medidas implantadas para proteger a trabajadores y alumnado.

Asimismo, reclama un cronograma claro de las actuaciones anunciadas y de sus plazos de ejecución; y recuerda que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la Administración a garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, por lo que exige transparencia, información actualizada y medidas preventivas eficaces mientras se resuelven definitivamente las deficiencias detectadas.